Así surge de los datos aportados por el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia a partir de un pedido de informes elaborado por el Defensor del Pueblo Adjunto General. Este año hay un promedio de 416 abusos infantiles al mes.

Walter Martello alertó que “si se anualiza los datos del primer semestre de 2017, surge que la cifra de abusos infantiles registrados es superior en un 50% respecto a 2016”.

Asimismo, el 11,37% de las intervenciones de la Provincia por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes están vinculadas a episodios de abusos. De ese total, el 61% de las víctimas tienen entre 6 y 17 años. “Es necesario tomar real dimensión de esta problemática, y desarrollar estrategias para combatir y prevenir este flagelo”, dijo Martello, quien se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.

Según la información aportada por el Organismo de Niñez y Adolescencia, San Isidro es el municipio donde hubo más cantidad de casos (262). A su vez, en La Plata, durante 2016 las intervenciones sumaron 170 episodios, uno cada dos días, pero solo en el primer semestre de 2017 se registraron 188 casos en la capital bonaerense, lo que equivale a una intervención por día.

Este flagelo no es una cuestión vinculada solamente a ciudades densamente pobladas. Por ejemplo, en la localidad de Azul, se constataron -en los seis meses de 2017- 143 intervenciones por abuso.

Las cifras informadas a la Defensoría del Pueblo forman parte del Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (R.E.U.N.A). “En la Provincia se lograron algunos avances en materia de políticas sociales en el último año, que tuvieron un incremento en el porcentaje de asignación presupuestaria respecto a 2017. Pero aún estamos lejos de lo que realmente se necesita. Concretamente, este año el presupuesto del ministerio de Desarrollo Social, del cual depende el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, representa el 2,57% del total del presupuesto provincial. En tanto, en 2007, se quedaba con el 5%. Esta diferencia representa unos 31.000 millones de pesos, siendo recursos que en caso de estar disponibles posibilitaría fortalecer la contención a las víctimas de este flagelo”.