Entre ellos, los integrantes de los 6 binomios presidenciales cumplieron con su obligación de presentar la información patrimonial en tiempo y forma ante la Oficina Anticorrupción.

(Télam) Apenas seis de cada diez candidatos nacionales de cara a las elecciones generales del próximo 27 de octubre -entre ellos, los integrantes de los 6 binomios presidenciales- cumplió con su obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en tiempo y forma ante la Oficina Anticorrupción, tal como establece la ley de Ética Pública.

Así se desprende de un relevamiento realizado por la fundación Directorio Legislativo, que -en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales (ONG) como Change.org y Causas Comunes-, vienen impulsando distintas iniciativas de transparencia durante la campaña electoral, como una ley para transparentar los procesos de lobby.

“El porcentaje de cumplimiento es bajo, teniendo en cuenta que la modificación de la ley de Ética Púbica se realizó en 2013, y ya pasó un tiempo considerable para interiorizarse sobre la práctica de presentar las declaraciones juradas”, dijo a Télam Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo.

Los 12 candidatos que integran las fórmulas presidenciales presentaron sus declaraciones en tiempo y forma, pero el mayor incumplimiento se registra entre los postulantes a diputados y senadores nacionales.

Según la información presentada ante la OA, el presidente Mauricio Macri es el candidato con mayor patrimonio (151 millones de pesos), seguido de Roberto Lavagna (casi 30 millones), José Luis Espert (casi 16 millones), Juan José Goméz Centurión (casi 12 millones), Alberto Fernández (3 millones) y, por último, Nicolás Del Caño (303 mil pesos).

En las últimas elecciones legislativas de 2017, la campaña impulsada por Directorio Legislativo logró que el 66,3 por ciento de los postulantes presentaran la información, superando en un 40 por ciento lo que había ocurrido en los comicios de 2015.

“Pero ahora resulta preocupante que el porcentaje de cumplimiento sea menor al 2017”, advierte De los Santos, quien recuerda que “no hay sanciones previstas para los que no la presentan, salvo la mirada de la opinión pública y organizaciones como la nuestra que hacemos monitoreo”.