Un informe del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del organismo, realizado en base a datos oficiales, alerta sobre las consecuencias de la brecha de ingresos. Mientras la explotación laboral infantil está impactando con mayor crudeza en las niñas y adolescentes que se ven obligadas a trabajar en el ámbito rural, el 18,5% de las mujeres de la Argentina no percibe ningún ingreso.

El informe del Observatorio, que se encuentra a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, alertó que en la Argentina las brechas de ingresos laborales entre mujeres y varones adultos comienzan en la niñez y se profundizan en la adolescencia. En ese sentido, mientras que las niñas que sufren el trabajo infantil – en ámbitos urbanos como rurales – ganan 22% menos que sus pares varones, entre las adolescentes la brecha salarial se intensifica.

 ”Si bien en la Argentina se han logrado importantes avances respecto a la aprobación de leyes a favor de la igualdad de género, en lo que se refiere al derecho que les asiste a las mujeres a tener igual salario que los hombres por el mismo trabajo, queda un largo camino por recorrer. Es más, por esta situación, han sido recurrentes las observaciones al Estado argentino de distintos organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, destacó Guido Lorenzino Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

El salario medio de una adolescente urbana es 40% inferior al de los varones, mientras entre sus pares rurales la brecha alcanza al 58% A su vez, en el medio rural, los impactos negativos del trabajo en edades tempranas se profundizan: el 23% de las adolescentes y niñas que trabajan para el mercado no concurren a un establecimiento educativo.

Pese a contar con una tasa de actividad más baja, la desocupación entre las mujeres es más alta que la de los hombres. A nivel nacional se ubicó en el 10,5 en el tercer trimestre de 2018, un punto porcentual más que en igual periodo de 2017. La situación más grave se registra en el en el Gran Buenos Aires, donde el desempleo femenino llega al 12%. Se ubica 2,1 puntos porcentuales por encima de Capital Federal y del promedio de los grandes aglomerados urbanos del país.

Asimismo, la franja etaria conformada por mujeres de hasta 29 años, es la que registra mayores indicadores de desempleo: 21,5%, dos puntos porcentuales más que en 2017 a nivel nacional. En el Gran Buenos Aires, el desempleo de las mujeres de hasta 29 años supera el 23% y el 24% en Capital Federal.

De acuerdo a los datos oficiales, la mayor proporción de la población desocupada femenina cuenta con niveles educativos medios o altos. El 60,8% de las mujeres desocupadas tiene por lo menos, el nivel secundario finalizado. Esto contrasta con la situación de los varones donde el 57,4% de los desocupados no ha alcanzado el nivel medio de educación formal.

La discriminación en el mercado de trabajo está presente en aquellas situaciones en las que dos personas que realizan las mismas tareas son tratadas de manera diferente, como consecuencia de la existencia de jerarquías en alguna de las características observables, en este caso, en función del sexo.A su vez, las trabajadoras promovidas a cargos de jefatura en menor proporción que los varones: si bien representan el 45,0% de los asalariados, sólo el 30,1% de quienes ejercen cargos de jefatura en los procesos de trabajo son mujeres.

Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense se propone una serie de reformas legislativas que contemplen:

• Hacer operativo el sistema de control de las disparidades de género en materia salarial y laboral a través de la base de datos de ANSES.

• La ANSES, de forma automática, debe difundir la media salarial de cada empresa para ocupación. En el caso de que existieran desvíos entre los géneros de igual ocupación, sin contar la antigüedad o adicionales como títulos u otros, intimará a la empresa a una inmediata corrección del salario de las trabajadoras perjudicadas.

• Los empleadores alcanzados por el deber de informar podrán obtener un Certificado de Igualdad de Género cuando acrediten progresos en materia de equidad laboral, especialmente progresos referidos a reducción de la brecha salarial.

• Construcción y difusión de estadísticas laborales oficiales con perspectiva de género, mediante las que se puedan anticipar futuras demandas del mercado.

• Modificar la ley de Régimen de Asignaciones Familiares para incorporar una asignación de cuidado, similar al derecho interno de los principales países del mundo bajo la modalidad de seguros de cuidado en el caso de Alemania y la ley de “Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España”.

• Tener como prioridad, a la hora de realizar contrataciones o cubrir vacantes dentro del Estado bonaerense, a aquellas mujeres responsables de la manutención de la familia y/o que han sido o sean víctimas de violencia de género.