Es en base al reclamo del Grupo de Expertos de la ONU sobre la detención de la dirigente social. En tanto, el Gobierno reiteró su invitación al país «a fin que puedan tomar contacto directo con los distintos actores».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos «urgió al Estado argentino a dar pronta respuesta» al reclamo del Grupo de Expertos de la ONU sobre la liberación de la dirigente social Milagro Sala, detenida desde enero pasado, según se informó en un comunicado de prensa.

La CIDH llamó además a su «liberación inmediata», ante lo que la Cancillería reiteró la invitación al organismo y a la OEA para visitar Jujuy y tomar contacto directo con todos los sectores sociales, políticos y judiciales vinculados al tema.

El Grupo de Trabajo de la ONU determinó en una opinión publicada el 21 de octubre que «la detención preventiva de Milagro Sala desde el 16 de enero fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte».

Sala fue detenida imputada por «instigación» a raíz de un acampe de protesta frente a la sede del gobierno de Jujuy y desde abril se la investiga además por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas populares, en una causa penal impulsada por el fiscal de estado jujeño Mariano Miranda. También está siendo investigada por presunta «evasión fiscal y enriquecimiento ilícito» y, además, suma una acusación por «encubrimiento de tentativa de homicidio», y por «instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real», a raíz de la denuncia que hizo el Ejecutivo provincial por «amenazar de muerte a dos policías», el 13 de octubre de 2014.

«La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy», afirma el comunicado de la CIDH.

En su Informe sobre el uso de la prisión preventiva en América, la CIDH reiteró que la presunción de inocencia es la base para la regla general de que «toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad».

«El Gobierno argentino toma nota de lo señalado en dicho comunicado y, tal como se hiciera con la opinión que emitiera el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda», dice el comunicado de respuesta emitido por la Cancillería.

«Como se informara al mencionado Grupo de Trabajo, la República Argentina ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta también con la información remitida al Grupo de Trabajo, que provee los elementos aportados por la justicia de Jujuy sobre este caso», agrega el texto de la Cancillería.

Por último, señala que «la Argentina, como indica el comunicado de la CIDH, reafirma su compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su voluntad de seguir trabajando en conjunto con los Organismos Internacionales para avanzar en el intercambio de información y solución de las divergencias».

«En ese contexto -cierra el comunicado oficial- confía que la Comisión aceptará la invitación que se le formulara para visitar la Argentina y en particular a Jujuy a fin de que sus integrantes puedan tomar contacto directo con los distintos actores y sectores sociales, políticos y judiciales de dicha provincia que se encuentran vinculados al caso de la Sra. Sala».

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