La ADPRA, que nuclea a defensores del todo el país, piden de manera “urgente” la intervención de Vidal ante el cese del servicio de neonatología: “Esta situación resulta inadmisible”.

El Hospital de Escobar vuelve a ser noticia. Ahora la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina emitió un comunicado apoyando a la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, en su pedido para que haya una “urgente intervención” de María Eugenia Vidal en el conflicto surgido en una de las áreas más importantes del nosocomio de la avenida Tapia de Cruz.

El pedido es para que “la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires intervenga ante la gravosa situación integral que atraviesa el Hospital Provincial Zonal, agravada en las últimas horas por el cese prestacional del servicio de neonatología, y la consecuente limitación de atención del servicio de obstetricia.

“El derecho a la salud constituye una Garantía Constitucional y un Derecho Humano Fundamental para los todos los ciudadanos. Así pues, al sistemático deterioro que se observa en materia edilicia y de higiene en el mencionado nosocomio, se le suma la inmediata necesidad de incorporación de profesionales médicos, enfermeros, técnicos y administrativos”, reza el comunicado.

“Por su parte, más allá de los innegables esfuerzos de la Directora Médica, la falta de profesionales y la renuncia de otros, basados en la imposibilidad de llevar a cabo sus funciones, ha colocado al Hospital de Escobar en una situación de crisis”, añadieron.

“Al tratarse de un Hospital Materno-Infantil, anualmente se registran 2300 nacimientos, y en el día de ayer los bebés con respirador han sido trasladados por falta de neonatólogos, y consecuentemente, el servicio de obstetricia debió proceder a derivar a las mujeres embarazas a los Hospitales de Pacheco y Tigre. Esta situación resulta inadmisible”, explicaron.

En el escrito oficial de ADPRA, expusieron: “Consecuentemente, solicitamos a la Sra. Gobernadora instruya al Sr. Ministro de Salud Provincial a fin de que arbitre los medios necesarios con el objeto de subsanar de forma inmediata la vulneración de derechos de los ciudadanos”.