Así lo sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, al disertar en la Universidad Nacional del Sur (UNS), en el Día Universal del Niño. Alertó sobre la intención de instalar nuevamente la discusión de la baja de la edad imputabilidad y se refirió a la reducción en el poder de compra de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de las Asignaciones Familiares.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia sostuvo que en aquellos distritos donde se registra un aumento de las intervenciones judiciales, que involucran a adolescentes, son las regiones de la Provincia donde más están impactando el crecimiento de la pobreza y la indigencia.

“Las estadísticas del Poder Judicial, a nivel nacional y provincial, muestran que en los casos judicializados la incidencia de los hechos delictivos cometidos por jóvenes de entre 13 y 15 años viene disminuyendo”, explicó Martello.

Para Martello, “no hay datos empíricos que justifiquen la baja de la edad de imputabilidad ni las medidas de tinte xenofóbico para combatir y prevenir la inseguridad. La única manera de que tengan resultado las reformas que se pusieron en marcha hace 13 años, y que significaron un cambio de paradigma en lo que hace a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es que se le asignen los recursos mínimos necesarios, algo que no viene ocurriendo. Es un problema estructural, de arrastre, que atravesó los últimos tres gobiernos bonaerenses”.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia advirtió, además, que “llama la atención que se ponga tanto énfasis en la edad de imputabilidad, cuando todos los informes dan cuenta de que en el delito juvenil hay factores muchísimos más importantes como las adicciones, el abandono escolar y la violencia intrafamiliar, que se potencian en épocas de crisis económicas. Actualmente, solo el 1% de los jóvenes que cometen delitos en nuestro país es de origen extranjero”

“Hay otros indicadores, del deterioro socioeconómico, que hablan por sí solos. Nosotros venimos estudiando la evolución del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y nos encontramos que actualmente los beneficiarios pueden comprar muchísimos menos alimentos de primera necesidad que hace dos años”, explicó Martello, quien está a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense.  En ese sentido, detalló que con el monto actual de la AUH “se compra 3, 7 kilos menos de pollo, medio kilo menos de carne, 12 litros menos de leche y 4,8 kilos de arroz, respecto a lo que se podía adquirir en 2016”.

“La AUH es la principal política del Estado para contener la situación social, pero está resultando insuficiente y pierde la carrera contra la inflación. Es necesario priorizar y reforzar las partidas presupuestarias de los programas sociales a nivel nacional y provincial. El nuevo impuesto al juego on line y a los premios de las tragamonedas podrían aportar una parte de esos recursos en la Provincia. Sólo con el juego on line, se calcula que recaudará 1400 millones en 2019, cifra siete veces superior al presupuesto actual del Programa Envión, el cual está destinado a chicos de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”, agregó.

Cabe destacar que la ley 13928 de la Provincia, en sintonía con la observación general 19 sobre Inversión en Infancia del Comité de Derechos del Niño, establece que el Estado bonaerense debe garantizar “la asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez”.

El defensor del Pueblo Adjunto también destacó que el financiamiento de los programas sociales viene arrastrando un serio problema desde hace más de una década. “En 2006, el Ministerio de Desarrollo recibía poco más del 5% de los recursos totales de la Provincia y desde ese momento, con algunos vaivenes, comenzó a reducirse la incidencia. Hoy nos encontramos con que las políticas sociales solo recibirán en 2019 el 2,51%.  De haberse mantenido la asignación de 2006, en términos porcentuales, al Ministerio de Desarrollo Social le correspondería en 2019 $47.000 millones más que lo pautado, es decir, el doble del presupuesto”, destacó Martello.