Por estos días, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, se realiza la Semana de la Educación Sexual integral (ESI). Por Walter Martello (*).

El objetivo es cumplir con lineamientos establecidos por la Ley 26150 para la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre educación sexual, como así también promover actitudes responsables, procurando la igualdad de trato y de oportunidades.

Sin duda la ESI -instituida por ley sancionada en 2006- significó un antes y un después en lo que hace al marco normativo que consagra y garantiza los derechos sociales y reproductivos en nuestro país.

Ahora bien, distintos cambios sociales y culturales registrados en los últimos 15 años, ponen de manifiesto la necesidad de ampliar los horizontes de esos derechos. Esto se basa no solo en dichas realidades, sino también en la revisión para nuestro país que fue realizada por el Comité de Derechos Económicos y Sociales, y por el Comité de Derechos del Niño de la ONU (año 2018).

Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense proponemos:

Añadir el respeto a la diversidad sexual y de género con carácter formativo, basado en conocimientos científicos y laicos.

Modificar el criterio normativo para que la definición de Educación Sexual Integral contemple principios de diversidad sociocultural, de géneros y de diversidad de las personas con discapacidad. Una propuesta concreta a tener en cuenta es el proyecto de ley que fue presentado, con igual objetivo, por la diputada provincial Mariana Larroque.

Modificar el artículo 5 de la Ley 26150 ya que actualmente otorga una solapada discrecionalidad a las comunidades educativas para que puedan adaptar la ESI “en función de las convicciones de sus miembros”. El último párrafo del artículo vigente suele ser tomado para desvirtuar el programa de educación sexual integral.

Incluir en la Ley 14744, dentro de las funciones del organismo de aplicación, visibilizar, promover y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.

Incorporar la educación digital dentro de la Educación Sexual Integral para brindar herramientas efectivas para la prevención de delitos informáticos como el grooming.

Algunas de estas ideas ya están contempladas en distintos proyectos de ley. Estos cambios podrían permitir consolidar y expandir la ESI como política de Estado.

Escuchar las palabras de las y los involucrados, registradas en evaluaciones posteriores a la sanción de la Ley 26150, también es fundamental. En ese sentido, si bien el 92% de las y los estudiantes secundarios reconocen haber recibido algún contenido vinculado con la ESI durante su trayectoria educativa (Pruebas Aprender, año 2019), el último relevamiento oficial también muestra la existencia de una fuerte inquietud para que se profundicen algunos contenidos.

Por ejemplo, el 47.5% de las y los alumnos del secundario consideran que se deben reforzar aquellos contenidos de la ESI vinculados a la prevención de infecciones de transmisión sexual e indicadores similares se registran respecto a otras temáticas como el embarazo no intencional en la adolescencia y los métodos anticonceptivos (47,3%); y la violencia de género en la adolescencia (46,8%).

No debemos olvidar que la Educación Sexual Integral es un Derecho Humano en sí mismo. Nos asegura que podamos acceder en igualdad: a la salud, a la información, al cuidado del propio cuerpo y a tomar decisiones libres sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos.

En definitiva, son las propias comunidades educativas las que nos están mostrando que debemos redoblar esfuerzos para que la ESI sea una política pública auténticamente universal.

Por Walter Martello

Defensor del Pueblo Adjunto de PBA

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