Los incrementos serán del 36% en el valor del gas en la porción correspondiente a las distribuidoras y del 60% para las transportadoras. El impacto final en la tarifa será de entre el 16% y el 17% para los usuarios residenciales y del 14% para las pymes.

Télam. El Gobierno autorizó incrementos del 36% en el valor del gas en la porción correspondiente a las distribuidoras y del 60% para las transportadoras a partir de marzo, que en conjunto tendrán un impacto en la tarifa final que los usuarios pagarán de entre el 14% y el 17%.

La medida se dispuso mediante el decreto 91/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de las audiencias públicas llevadas a cabo el 19 y el 31 de enero.

Fuentes oficiales y del sector energético estimaron que el impacto final en la tarifa será de entre el 16% y el 17% para los usuarios residenciales y del 14% para las pymes.

Asimismo, advirtieron que ese aumento no se verá reflejado en las facturas de manera uniforme, ya que en algunos casos el período de consumo podría incluir días previos a la vigencia de los aumentos.

En el decreto se ratifican las adendas a los acuerdos transitorios de renegociación entre las compañías distribuidoras y transportadoras, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ministerio de Economía, suscriptas el 18 de febrero.

Los incrementos regirán a partir del martes 1 de marzo para las compañías transportadoras TGN (Transportadora de Gas del Norte) y TGS (Transportadora de Gas del Sur) y para las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Gas Nor y Gas NEA.

El impacto en la tarifa final será variable para cada distribuidora, teniendo en cuenta que en el precio de la factura se tienen en cuenta cuatro factores: el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y la carga tributaria, compuesta a su vez de impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.

Los ajustes tarifarios que resulten de la combinación de esos cuatro factores se aplicarán luego de un virtual congelamiento de casi tres años, período en el que solamente hubo un aumento de 6% en mayo de 2021.

Como la evolución de la tarifa no acompañó a la inflación ni a las variaciones de costos, el Estado debió hacerse cargo de la diferencia a través de un incremento en los subsidios.

Al respecto, en la audiencia del 31 de enero la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, indicó que si se mantuvieran las tarifas de 2021, haría falta un desembolso adicional de $81.000 millones para este año, ya que el Estado cubre el 70,9% del costo total de la demanda prioritaria.

De acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría, ese 70,9% representaría este año un monto total de $ 216.365 millones, y como el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado asignaba una partida de $ 135 mil millones, se necesitaría una erogación adicional de $ 81.000 millones.

En cambio, si el Estado cubriera el 44,4% en vez del 70,9%, no harían falta partidas adicionales, de acuerdo con los distintos escenarios presentados en la audiencia.

Videla precisó que el costo impositivo representa el 24% de la tarifa final, en tanto el costo del gas en promedio representa el 60%.

En la audiencia del 19 de enero, Metrogas (ciudad de Buenos Aires y sur del conurbano bonaerense) solicitó un aumento del 76,23% a partir de marzo, con tres opciones de aplicación.

En la primera alternativa, aseguró que el impacto en la tarifa residencial sería del 33%, en la de usuarios comerciales del 24%, los industriales tendrían un ajuste del 3,44% y los usuarios de GNC un 3,01%.

En la segunda propuesta, el impacto en la tarifa final sería del 35% para los residenciales y del 20% para los comerciales, en tanto los industriales y el GNC no tendrían cambios en relación con la iniciativa anterior.

La tercera opción tendría un impacto en la tarifa final del 26% para los usuarios residenciales, 19% para los comerciales, 6,34% para los industriales y 2,37% para el GNC.

Naturgy Ban (norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo partidos del oeste y norte del conurbano) planteó un ajuste del 82,9% con un impacto final en la factura de los usuarios de un promedio de un 29%, sin hacer distinciones por categorías.