Las sesiones extraordinarias convocadas para el tratamiento del megaproyecto de reforma de la actividad del Estado y en el resto de las iniciativas que propuso el Ejecutivo, junto al decreto, son la «hoja de ruta» que Javier Milei y su gabinete pare el arranque de su gestión en 2024, con un mes de enero que se presentará «recargado» por la actividad parlamentaria.

Con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, y sin que las presentaciones judiciales hayan logrado -hasta el momento- alguna cautelar que lo suspenda, el Gobierno de Javier Milei pondrá el foco en los próximos días en el tratamiento legislativo del megaproyecto de reforma de la actividad del Estado y en el resto de las iniciativas que el Ejecutivo propuso para las sesiones extraordinarias del Congreso.

«Argentinos de bien, estamos por el buen camino…!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente… Viva la libertad carajo», posteó en la mañana del sábado el mandatario desde su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), aún desde Mar del Plata, donde en la noche del viernes asistió al teatro para ver la obra de su pareja Fátima Flórez.

Milei retomó así el concepto de «coimas» que -según su visión- podría recibir la oposición para frenar el DNU y el proyecto de «Ley ómnibus», luego de que esta semana el titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, presentara una denuncia para que se investiguen afirmaciones que hizo el mandatario en el mismo sentido durante esta semana.

En la Casa Rosada, la «semana corta» entre la Navidad y el Año Nuevo estuvo marcada por las repercusiones del DNU, por el envío del primer proyecto de Ley al Congreso y la reacción a esas acciones por parte de los gremios que incluyeron una marcha organizada por la CGT y la confirmación del primer paro nacional de esa central obrera para el próximo 24 de enero.

El centro de atención -creen en el Gobierno- estará puesto durante el primer mes del 2024 en la actividad del Congreso que deberá trabajar sobre una docena de proyectos en múltiples comisiones de ambas cámaras, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 31 de enero.

«La semana que viene es corta, pero salvo Boleta Única que ya tiene media sanción, hay que mandar 10 proyectos más, entre ellos el de Ganancias. Podría ser la semana que viene o la otra», señaló un vocero ministerial.

La reinstauración del Impuesto a las Ganancias, aclaran en la sede del Ejecutivo, es «toda de los gobernadores» ya que son los mandatarios provinciales quienes necesitan de la recaudación de ese tributo para «equilibrar sus cuentas».

En ese sentido, todas las especulaciones se centran en saber cuáles pueden ser los montos sujetos a la percepción y si habrá algún mecanismo de actualización.

Buena parte de las negociaciones con los actores sindicales, sociales y políticos recaen en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos, quién esta semana fue el enviado del Gobierno para llevar «simbólicamente» el megaproyecto de reforma del Estado al Congreso.

«Estuvieron hablando con Milei y después fue Francos quien se lo llevó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El proyecto entra formalmente por sistema, pero se quiso hacer una entrega simbólica que marcara el peso de la decisión», explicaron fuentes oficiales.

Aunque el diálogo político no sólo descansa en el ministro del Interior, sigue siendo él uno de los armadores preponderantes dentro del esquema de poder de La Liberta Avanza (LLA).

«Tiene diálogo con todos. Con los gobernadores, incluyendo a los más opositores. Él sabe que muchas cosas se dicen en público y otras en privado», comentaron en una de las oficinas de la Rosada y señalaron como ejemplo la reunión que el viernes por la tarde mantuvo con el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro.

Otro condimento de la semana fue la reacción sindical a las primeras medidas de la nueva administración nacional.

El miércoles al mediodía se realizó la primera marcha convocada por la CGT a Tribunales para reclamar a la Justicia la inconstitucionalidad del DNU 70/2023, una movilización masiva de la que los dirigentes sindicales se llevaron el pedido de sus bases para decretar un paro general.

Un día más tarde, el Comité Confederal se reunió en el histórico edificio de la porteña calle Azopardo y decretó la primera medida de acción directa para el próximo 24 de enero.

En la conferencia de prensa del viernes, el portavoz presidencial Manuel Adorni señaló que «no hay precedente de haber llamado un paro general de una manera tan rápida desde la asunción de un nuevo Gobierno».

«Es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores, no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días de gobierno, en los cuatro años del Gobierno anterior. Su defensa de los derechos de los trabajadores tal vez esté sesgada por algunos otros intereses», comentó.

Además señaló que las reformas laborales propuestas vienen a cambiar una ecuación que, en las últimas décadas, se vio resuelta con «sueldos miserables e informalidad».

«Más pérdida de derechos que la que ha generado la política laboral de las últimas décadas es imposible dimensionarlo e imaginarlo», agregó Adorni.

Aunque desde la CGT hablaron de una comunicación cortada con la Casa Rosada, desde Balcarce 50 aclaran que no es así e incluso la mayoría de los funcionarios consultados entienden que el anunciado paro general debe ser leído como algo más que un acto de confrontación.

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