El exgeneral del Ejército y genocida multicondenado Santiago Omar Riveros, murió a los 100 años, cuando se encontraba bajo del régimen del arresto domiciliario y era la última figura que quedaba viva de la jerarquía de altos mandos militares de la última dictadura que estuvo implicada en las violaciones a los derechos humanos.

El deceso de Riveros se habría producido el viernes en su domicilio, y sus familiares lo comunicaron horas después. Riveros se desempeñó como el jefe de los Institutos Militares que funcionaron en Campo de Mayo entre 1976 y 1978, y como tal fue responsable de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el lugar.

El militar estuvo al mando de los cuatro centros clandestinos que existieron en Campo de Mayo en los tiempos del terrorismo de Estado: “El Campito”, “Las Casitas”, el “Hospital Militar” y la “Prisión de Encausados”.

Además, la Justicia investiga que podría haber existido un quinto centro clandestino cerca de la Puerta 4 del complejo militar del Ejército.

En Campo de Mayo se cometieron torturas, detenciones ilegales, asesinatos, vuelos de la muerte y apropiaciones de niños que nacieron en la maternidad clandestina que operó en ese lugar.

Al momento de su muerte, Rivero acumulaba 13 condenas por delitos de lesa humanidad, y en diciembre de 2023, recibió su última condena por las torturas y el asesinato de Miguel Hernández, cofundador de la agrupación de “Abogados Peronistas”.

Riveros nació en agosto de 1923 en la ciudad cordobesa de Villa Dolores, en San Luis, y como militar alcanzó relevancia cuando en la Junta Interamericana de Ejércitos celebrada en enero de 1976, proclamó que “la subversión estaba derrotada” tras el frustrado intento de copamiento que el ERP intentó del Regimiento de Monte Chingolo.

Sin embargo, el general Jorge Rafael Videla se encargó poco después de desmentirlo al afirmar, en los días previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que las organizaciones armadas “estaban activas y que tenían una influencia” que iba más allá de militar.

Cuatro años después, en 1980 y tras haber cumplido su faena genocida en Campo de Mayo, Riveros volvió a tomar la palabra en la Junta interamericana de Defensa y proclamó nuevamente la victoria sobre la guerrilla, pero esta vez ninguna jerarquía de la dictadura lo desmintió.

“Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores”, señaló Riveros, sin saber que pocos años más tarde, sus palabras serían citadas en el Nunca Más, el informe de la Conadep que dio cuenta de la existencia de un plan sistemático de genocidio aplicado por el régimen castrense.

Rivero integró el grupo de generales de la denominada línea dura, a la que también se sumaban altos mandos como Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Guillermo Suárez Mason, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Antonio Bussi, entre otros.

Entre 1981 y 1983, la dictadura lo designó como embajador en Uruguay, donde estuvo hasta el regreso de la democracia.

En el Juicio a las Juntas Militares, el exdictador Alejando Agustín Lanusse contó ante el tribunal que juzgaba a los comandantes que había mantenido un ríspido intercambio con Riveros, quien le recriminaba las críticas que había formulado sobre la represión ilegal.

“Usted vive porque hacemos cosas por izquierda”, le espetó el jefe de Campo de Mayo a Lanusse, quien declaró haberle replicado: “A veces, es preferible no vivir”.

Los juicios y las condenas

Cuando se anularon las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem, Riveros tenía 80 años y comenzó a desfilar por los tribunales, donde recibió varias condenas por el accionar genocida que habilitó bajo su mando.

La primera sentencia en su contra se produjo en 2009, por el asesinato del adolescente y militante de la Federación Juvenil Comunista (FJC) Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo fue arrojado a las aguas del Río de la Plata y apareció en las costas de Montevideo, con signos de empalamiento.

Entre las sentencias más emblemáticas que recibió figuran la que se le aplicó en 2012, cuando resultó condenado por el robo de bebés junto con Videla y Reynaldo Benito Bignone.

Seis años más tarde, recibió otra condena por los crímenes de obreros perpetrados en la planta de Ford, en un juicio que también involucró a directivos de la empresa automotriz.

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