La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó en la semana, por mayoría, el proyecto de ley presentado por el diputado de Fuerza Patria, Leo Moreno, que busca agilizar los reclamos de defensa del consumidor y dar mayor eficacia a las sanciones contra las empresas que incumplen.

La iniciativa modifica el artículo 70 de la Ley 13.133 e incorpora el artículo 70 bis, con el objetivo de reducir los tiempos de la Justicia, procesos que actualmente pueden demorar más de siete años en promedio. Con el nuevo procedimiento, las impugnaciones en materia de defensa del consumidor pasarán directamente a las Cámaras de Apelaciones Contencioso Administrativas, evitando la primera instancia judicial y reduciendo la duración de los trámites en hasta cinco años.

“La realidad actual es grave: los recursos contra sanciones administrativas de consumo tardan en promedio más de siete años en obtener sentencia. En más del 90% de los casos, esas sanciones son confirmadas, pero la demora desnaturaliza su eficacia. Una multa que se cobra siete años después no corrige nada. Con esta reforma logramos que el derecho llegue a tiempo”, explicó Leo Moreno.

El cambio también fortalece a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que ahora podrán brindar respuestas más rápidas y efectivas a los vecinos.

“Con esta reforma, validamos y jerarquizamos la labor de los municipios. Les damos respaldo para que su tarea no quede en la nada por años de dilación judicial. La defensa del consumidor se construye en cada ciudad, en cada pueblo, con cada equipo municipal poniéndose al hombro las demandas de sus vecinos”, señaló Moreno. Además, el legislador destacó que este proyecto se enmarca en la línea de trabajo que impulsa en Escobar el intendente Ariel Sujarchuk, orientada a fortalecer derechos y brindar soluciones ágiles y concretas a la comunidad.

El proyecto ya cuenta con media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratado en el Senado bonaerense. La reforma no afectará los expedientes en curso: todo trámite iniciado previamente continuará bajo el régimen vigente, lo que garantiza seguridad jurídica y previsibilidad.