Procesaron al escobarense Sergio Medrano por integrar una maniobra para desviar fondos destinados a imprimir boletas

La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de cuatro dirigentes acusados de montar una estructura destinada a simular candidaturas durante las PASO de 2023 para quedarse con millones de pesos asignados por el Estado a la impresión de boletas.
Entre los imputados se encuentra Sergio Jesús Medrano, apoderado del partido Justicia y Dignidad Patriótica, conocido por su vínculo con el distrito de Escobar, lo que le da una arista local a un caso que ya generó repercusión nacional.
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían utilizado cuatro partidos políticos para presentar listas con precandidatos que no existían, no habían dado su consentimiento o, incluso, ya habían fallecido. La maniobra tuvo un objetivo concreto: acceder al financiamiento público para imprimir boletas sin que hubiera una intención real de competir. De las 228 precandidaturas relevadas por la Justicia, 170 fueron rechazadas por las personas cuyos nombres habían sido utilizados sin permiso.
Medrano reconoció haber recibido “algo más de 100 millones de pesos”, que según su versión fueron destinados a imprimir boletas y folletos. Sin embargo, también declaró que la administración real del partido estaba en manos de Ernesto Habra, otro de los procesados.
La Cámara dispuso un embargo de 140 millones de pesos sobre los bienes del escobarense, además de confirmar las imputaciones por fraude a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
La resolución judicial advierte que detrás de la operatoria existió un “negocio multimillonario” con una imprenta que habría tenido vínculos con algunos de los acusados. El esquema, según se desprende del fallo, funcionó como una estructura para aprovechar vacíos de control en el sistema de financiamiento electoral y así obtener recursos que debían destinarse al funcionamiento democrático.
La situaciomón genera impacta en el círuclo rojo, ya que pone bajo la lupa el uso de fondos públicos y la transparencia de partidos menores que suelen pasar desapercibidos. El procesamiento implica también un llamado de atención sobre el rol que cumplen ciertos dirigentes y sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que estructuras partidarias sean utilizadas como meros vehículos para obtener dinero.









