El Gobierno nacional autorizó aumentos salariales para funcionarios, con excepción de Milei y Villarruel

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento salarial para los funcionarios del Poder Ejecutivo, que alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, entre otros cargos jerárquicos, pero dejará expresamente excluidos al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La medida fue oficializada mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial y contempla una actualización de las remuneraciones correspondiente a los últimos meses, en línea —según argumenta el Ejecutivo— con los incrementos otorgados al resto de la administración pública nacional.
De acuerdo a lo establecido, el ajuste salarial impactará sobre los haberes de los funcionarios políticos del Estado nacional, en un contexto económico marcado por la recesión, la pérdida del poder adquisitivo y el ajuste fiscal impulsado por el propio Gobierno. En ese marco, la exclusión del Presidente y la Vicepresidenta fue presentada como “un gesto de austeridad y coherencia con el discurso de reducción del gasto público”.
Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales, que advierten sobre la contradicción entre el mensaje oficial de “motosierra” al Estado y la mejora en los ingresos de la alta conducción gubernamental. También se reavivó el debate sobre la oportunidad del aumento, en un momento en el que jubilados, trabajadores informales y empleados del sector privado continúan atravesando una fuerte caída de sus ingresos reales.
Desde el Gobierno sostienen que la actualización salarial busca evitar el “atraso” en las escalas de los cargos jerárquicos y remarcan que no se trata de un incremento extraordinario, sino de una recomposición vinculada a acuerdos previos. No obstante, la medida volvió a poner bajo la lupa las políticas de ingresos del Ejecutivo y su impacto en la percepción pública.
El aumento a los funcionarios se suma así a una serie de decisiones económicas que mantienen abierto el debate sobre el rumbo del ajuste, la equidad del esfuerzo requerido a la sociedad y el rol del Estado en un escenario de fuerte tensión social y económica.









