Por momentos, la historia de la universidad pública argentina parece debatirse entre ciclos de expansión democratizadora y etapas de contracción que amenazan con desarticular sus logros más profundos. Por Javier Rehl (*).

El escenario actual, bajo la presidencia de Javier Milei, presenta rasgos que, desde una perspectiva académica comprometida con la educación pública, obligan a una reflexión crítica y rigurosa: no se trata de un ajuste coyuntural, sino de una redefinición del rol del Estado en el sostenimiento del sistema universitario.

Los datos son elocuentes. Diversos informes —entre ellos los del Centro de Economía Política Argentina— señalan que el presupuesto universitario ha sufrido una caída real acumulada cercana al 45% entre 2023 y 2026. Esta magnitud no puede interpretarse como una simple corrección fiscal: constituye, en términos estructurales, un proceso de desfinanciamiento que altera las condiciones materiales de producción y transmisión del conocimiento.

El impacto más inmediato se observa en la dimensión salarial. La pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes —ubicada entre el 34% y el 37%— no solo deteriora las condiciones de vida de quienes sostienen cotidianamente la universidad, sino que también compromete la calidad educativa. La evidencia empírica en el campo de la economía de la educación es consistente: sistemas que degradan las condiciones laborales de sus trabajadores tienden a experimentar una fuga de capital humano y una disminución en sus estándares académicos. Que amplios segmentos del cuerpo docente se encuentren hoy por debajo de la línea de pobreza, e incluso de indigencia, no es un dato menor: es un síntoma de desarticulación institucional.

A ello se suma un recorte del 52% en los gastos de funcionamiento. La universidad no es una abstracción: depende de infraestructura, servicios básicos, bibliotecas, laboratorios, conectividad. Reducir a la mitad estos recursos implica, en términos prácticos, limitar el dictado de clases, restringir la investigación y deteriorar la experiencia estudiantil. El recorte del 75% en becas estudiantiles, por su parte, introduce un factor adicional de desigualdad: en un país con altos niveles de pobreza, el acceso efectivo a la educación superior vuelve a condicionarse por el origen socioeconómico.

Particularmente preocupante es la paralización total del financiamiento para nuevas obras de infraestructura. La expansión del sistema universitario argentino en las últimas décadas —con la creación de universidades en territorios históricamente postergados— fue una política deliberada de inclusión federal. La interrupción de este proceso no solo detiene el crecimiento, sino que amenaza con consolidar desigualdades regionales preexistentes.

En el plano de la producción científica, la caída del 32,7% real en la función de Ciencia y Técnica dentro de las universidades configura otro indicador crítico. La investigación universitaria no es un lujo, es un componente esencial del desarrollo nacional. Países que han logrado insertarse de manera virtuosa en la economía del conocimiento lo han hecho a partir de una inversión sostenida en sus sistemas científicos. Reducir estos recursos implica, en los hechos, resignar capacidades estratégicas a mediano y largo plazo.

El conflicto en torno al financiamiento también adquiere una dimensión institucional. El veto presidencial a una ley que buscaba recomponer el presupuesto universitario, así como las propuestas salariales consideradas insuficientes por organizaciones como Feduba, evidencian una tensión entre el Poder Ejecutivo y la comunidad académica. Esta disputa no es meramente presupuestaria: remite a concepciones divergentes sobre el valor público de la universidad.

En este contexto, resulta inevitable plantear una hipótesis más amplia. El ajuste universitario parece inscribirse en una lógica que redefine a la educación superior no como un derecho social, sino como un bien sujeto a las reglas del mercado. Esta perspectiva, que ha sido ensayada en otros países con resultados dispares, tiende a segmentar el acceso, mercantilizar la formación y subordinar la producción de conocimiento a criterios de rentabilidad inmediata.

Sin embargo, la tradición argentina —forjada desde la Reforma Universitaria de 1918— ha concebido a la universidad como un espacio de democratización, movilidad social y construcción de ciudadanía crítica. Desfinanciarla de manera sostenida implica, en última instancia, erosionar uno de los pilares más robustos de la vida democrática.

La discusión actual, por lo tanto, trasciende la coyuntura. No se trata únicamente de recomponer partidas presupuestarias, sino de definir qué modelo de país se pretende construir. Una universidad debilitada, precarizada y excluyente es difícilmente compatible con un proyecto de desarrollo inclusivo y soberano. En cambio, sostener y fortalecer la educación pública requiere reconocerla no como un gasto, sino como una inversión estratégica en el futuro colectivo.

(*) Presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria de Escobar / Subsecretario Electoral y Parlamentario de la Provincia de Buenos Aires.