Es a raíz de las denuncias penales por amenazas y exacciones ilegales que un excandidato de Cambiemos radicó la semana anterior en la Fiscalía. Se presentó este miércoles un proyecto de resolución citando a Rocío Fernández al reciento para el 4 de noviembre.

En el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se presentó ayer un proyecto de Resuolución que rápidamente avanzó entre cuatro de los cinco bloques legislativos. El objetivo es que el 4 de noviembre acuda al recinto la Defensora del Pueblo de Escobar, Dra. Rocío Fernández.

Es a raíz de las denuncias penales por amenazas y exacciones ilegales que tomaron estado público en los últimos días y que recaen sobre la ombudsman local y Leandro Costa, concejal en uso de licencia y candidato a intendente por Cambiemos.

Este miércoles se presentó en el Concejo el proyecto en cuestión, que cuenta con el apoyo de todos los bloques menos Cambiemos, con el que se resuelve convocar a Rocío Fernández para el próximo 4 de noviembre a las 9.00 para brindar explicaciones sobre los hechos denunciados ante la fiscalía descentralizada de Escobar.

El pedido de citación responde a que el Concejo Deliberante, entiende que toda esta confusa y delicada situación requiere la investigación, tal como lo determinan los incisos “b” y “c” del artículo 27° de la Ordenanza 4597/08 que prohíbe a la Defensora del Pueblo de Escobar “Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para realizar proselitismo o acción política”, y “Realizar, propiciar, o consentir actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres”.

Vale recordar que la denuncia ante la justicia fue presentada por el excandidato a concejal, Walter Gutiérrez, en la que expresa que “la Defensora del Pueblo le solicitó firmar un pagaré por $300.000 a cambio de estar en el quinto lugar de la lista de concejales, y que si una vez firmada la planilla abandonaba el grupo político ella personalmente contrataría a personas para aleccionarlo”.

Además de las amenazas, la denuncia fue caratulada con la figura de “exacciones ilegales”. En este sentido, el código penal artículo 266, entiende que la figura básica de la exacción, castiga al funcionario público que en uso abusivo de su cargo, solicite, exija o haga pagar o entregar en forma indebida ya sea en forma personal o por otra persona, una derecho, una contribución, una dádiva, o cobre más derechos que los que correspondan abonar. La pena es de uno a cuatro años de prisión más entre uno y cinco años de inhabilitación especial.