La Cámara de Diputados bonaerense sancionó una ley que apunta a facilitar el acceso a la vivienda. El proyecto rebaja un 6,5 por ciento los Ingresos Brutos en los créditos hipotecarios.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presidida por Manuel Mosca, sancionó este jueves en forma unánime la ley enviada por la gobernadora María Eugenia Vidal que busca “facilitar el acceso de la vivienda propia a todos los sectores sociales”.

En sintonía con la política fijada por el gobierno nacional, el Ejecutivo bonaerense mandó a la Legislatura y obtuvo el respaldo unánime al proyecto de ley para que las entidades financieras, bancarias y no bancarias gocen de una quita en la alícuota de Ingresos Brutos del 6,5 % en créditos hipotecarios.

En la provincia de Buenos Aires las entidades financieras, bancarias y no bancarias, pagan un 8 % en Ingresos Brutos por los servicios correspondientes a los intereses y ajustes de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas, con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

En cambio con las modificaciones sancionadas primero por el Senado y ahora por Diputados, se fija una alícuota del 1,5 % en lugar de ese 8 %, a los efectos de “facilitar el acceso a la vivienda propia a todos los sectores sociales”.

Coincidieron senadores y diputados de Cambiemos que la rebaja de las cuotas podría rondar el 15% e, incluso, trepar al 20 por ciento, al opinar sobre el sentido de una modificación efectuada al proyecto original.

En esa sintonía, los legisladores dijeron que la norma consensuada expresamente beneficia a los tomadores de créditos y no a las entidades que brindan esos servicios, cuestión que deberá observar la autoridad de aplicación de la citada ley.

Adhesión a ley nacional de contratos

El Cuerpo también sancionó la norma por la cual la Provincia adhiere a la “Ley nacional de contratos de participación público-privada”.

La autoridad de aplicación será el ministerio de Economía bonaerense, en cuyo ámbito funcionará una Unidad dedicada a esa misión.

En ese tipo de contratos, los compromisos económicos asumidos no podrán exceder el 3 por ciento del producto bruto geográfico de la Provincia precios corrientes del año anterior. De igual modo, el monto total de pagos firmes a efectuar en cada año no podrán superar el 5 por ciento del presupuesto general bonaerense.

Los límites pueden ser revisados por año, junto con el tratamiento de la ley de presupuesto, en orden a los requerimientos de infraestructura y servicios públicos y el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las finanzas provinciales.

No al 2×1

Los diputados también aprobaron por unanimidad y giraron al Senado el proyecto de ley impulsado por el vicepresidente del Cuerpo, Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, que propone determinar de “manera clara” el impedimento de aplicar el principio de ley más benigna-el llamado 2 por 1- para autores de delitos comunes y crímenes de lesa humanidad.

A su juicio, es menester poner fin a un sinnúmero de discusiones doctrinarias y jurisprudenciales, mediante la reforma del artículo 4 de la ley 11.922-Código Procesal Penal, con sus modificaciones, para el cual propicia esta redacción: Validez temporal. Las disposiciones del CPP se aplicarán a las causas que se inicien desde su vigencia, aunque los delitos juzgados se hayan cometido con anterioridad.

Sostiene también el legislador que la ley procesal resulta de aplicación inmediata a los procesos en trámite, sin afectar los actos concluidos, ni dejar sin efecto lo actuado con arreglo a leyes anteriores. La aplicación retroactiva conforme al principio de la ley más benigna se encuentra vedada para la ley adjetiva.

En esa materia, además se votaron -también por idea de Gutiérrez- la creación de una comisión bicameral de seguimiento y monitoreo de la situación procesal de detenidos por crímenes de lesa humanidad y varios proyectos de resolución y declaración, la mayoría, presentados por Cambiemos y otros bloques políticos, de rechazo al fallo del 2 por 1 dictado por la mayoría de los miembros de la Corte de Justicia de la Nación.

Entre otras leyes consagradas, se destaca la adhesión a la ley que fija el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y la expropiación de la empresa ex Atlántida, emplazada en Garín, para que sea administrada por sus trabajadores.

Al inicio de la sesión, con palcos colmados de militantes y familiares de los extintos, el cuerpo, por impulso de un proyecto del diputado Ricardo Lissalde, Frente Renovador, trazó por boca de varios oradores, incluso del propio presidente Mosca desde su sitial, una reseña de la trayectoria personal y política de dos políticos de La Matanza, fallecidos recientemente: el ex vicegobernador Alberto Balestrini y Andrés Bevilaqua, quien fuera jefe del bloque de ese espacio político en la Cámara baja bonaerense.

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