Escándalo en el histórico casco campanense: un abogado con advertencias en su matrícula, un comisario que meses atrás baleó a un joven desarmado y una instructora fiscal desalojaron irregularmente a una entidad que realiza asistencia alimentaria y que cuenta con la documentación para funcionar allí.

La ONG Igualdad y Dignidad de Campana sufrió una serie de reveses en los últimos días y los ojos de la comunidad local apuntan directamente al accionar del comisario, a un cuestionado letrado y a la instructora fiscal de la Fiscalía del Dr. Ferreirós. Los integrantes de la entidad solidaria, con casi una década de trabajos sociales en la zona, fueron desalojados de un predio al que estaban acondicionando. Además, según denuncian, robaron y rompieron sus elementos como ollas, utensilios y alimentos, además de destruir el propio local.

La institución fue fundada en 2011 y realizan diversos trabajos sociales en lugares carenciados, cursos y asistencia alimentaria a vecinos de clase media que hoy la pasan mal, a través de viandas que llevan a sus domicilios. De hecho, realizan diariamente comidas para 200 personas cifra que se amplió rápidamente con la cuarentena.

Luego de años de alquilar, dieron con una propiedad ubicada en Colón 221. Llegaron a un acuerdo con dos de los propietarios, contrato de locación mediante. Y en las últimas semanas realizaron tareas de remodelación.

El jueves 30, cinco personas ingresaron por la puerta trasera del lugar, que da a la calle Lavalle, rompiendo un candado. Entre ellos, un abogado y dos supuestos dueños con dos custodios. El letrado increpó al sereno y uno de los visitantes le mostró un arma, intimidándolo. Afuera, como apoyo, un patrullero.

Leonardo Lucchetti es el abogado en cuestión. Representa a Ingeniería Integral Sacifiam, que argumenta ser el dueño de la propiedad. “Se tienen que ir”, espetó el polémico letrado, que ya tiene dos advertencias en su matrícula: en 1997 por maniobras fraudulentas con propiedades y años después por emitir recibos truchos del Banco Provincia.

También se hizo presente la Dra. Valeria García, auxiliar de la Fiscalía N° 2 a cargo del Dr. Matías Ferreirós, quien nunca presentó la documentación del desalojo. Acompañados por el comisario Alberto Utrera, quien luego pidió el apoyo de otros tres patrulleros.

Ricardo Zapata, referente de la honesta entidad, fue intimidado para firmar que fue retirado por su cuenta, en un contexto donde una integrante de la justicia, hombres armados y un abogado no daban muchas opciones para elegir.

Al día siguiente, vecinos e integrantes de la ONG, apoyados por el Frente Justicia Social, que apoya a la entidad, pidieron explicaciones y afirmaron que “de acá no nos vamos”. Sin embargo, la justicia dio por restituido el lugar a los supuestos dueños, mientras que seis obreros destruyeron el lugar, llevándose chapas, ollas y mercadería entregada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

“Hagámosla corta”

“Vengan a la comisaría y les explicamos. Hagámosla corta: no sigan jodiendo, esto pasa por meterse con gente que no deben meterse”, expresó Utrera, junto a su supuesto jefe de calle, este martes, que, no conforme con lo sucedido, volvió al lugar. Ocurrió alrededor de las diez de la mañana.

En esa esquina, hay una cámara de 360 grados del CIMOPU que debería haber registrado el suceso. “No nos dejan ver lo que tomaron”, comentaron.

Utrera, de paso por la Comisaría de Escobar y la Subcomisaría de Matheu, entre otras, es mirado de reojo en la comunidad campanense. El 17 de mayo baleó a un joven en el barrio Lugo, luego que se rehusara a ser identificado. Tiene 18 años y andaba en bicicleta en horas de la madrugada.

Contradenuncia

Ricardo Zapata, presidente de Igualdad y Dignidad, radicó la denuncia bajo el número de IPP 18-00-3291-20, en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 2 Departamental, a cargo del Dr. Ferreirós, interviniendo además la Dra. Cione del Juzgado de Garantías N° 1. “Espero se haga justicia y los funcionarios del área tomen con seriedad tal atropello institucional y gravedad de abuso de autoridad de parte de la policía y la auxiliar fiscal. Nosotros tenemos un contrato para utilizar la casa, que encima ahora destruyeron. Nadie entra por la puerta de atrás rompiendo un candado cuando dice ser dueño ni tampoco destruye todo. El accionar fue ilegal desde un primer momento”, expresaron desde la ONG, que, junto a apoyo de otros movimientos, entre ellos el Frente Justicia Social, no piensan quedarse de brazos cruzados.

También están evaluando junto, a vecinos y socios, manifestarse ante la puerta de la comisaría solicitando explicaciones ante la gravedad institucional y “el silencio del ex comisario inspector de la DDI con retiro activo Abel Milano quien, de hecho, no toma acciones concretas ante la gravedad de los hechos sucedidos el día 17 de mayo pasado en donde obra contra Utrera una causa por intento de homicidio».

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