Se dio durante el plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y la de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales, presididas por los diputados radicales Roxana Reyes y Jorge Vara, respectivamente. Una vez aprobada en el recinto, volverá al Senado.

El proyecto de ley para prevenir abuso sexual infantil, que cuenta con media sanción del Senado desde fines de 2021, busca crear un Protocolo de Protección y Detección de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en aquellos ámbitos donde desarrollan sus actividades. Luego de un trabajo de acuerdos y consensos, los diputados realizaron modificaciones a la norma para que cada provincia pueda adherirse a la misma. Entonces, una vez aprobada en el recinto, la iniciativa deberá volver a la Cámara alta.

Los legisladores destacaron el trabajo conjunto para alcanzar un dictamen de consenso para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, destacaron que la norma vino con media sanción del Senado, donde están más representadas las provincias, y la modificación para la adhesión provincial se terminó fijando en Diputados. En tanto, instaron a trabajar responsablemente en la prevención y, además, que se pueda aprobar rápidamente y lograr que sea ley, para que no pierda nuevamente estado parlamentario.

El texto de la norma explica que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.

Además, el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.

La Secretaría Nacional de La Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos  provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia serán los encargados de establecer las medidas necesarias para brindar herramientas para cumplir con el mencionado protocolo, como por ejemplo poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, establecer los mecanismos de control y diseñar una campaña de difusión y concientización.