Desde Juntos por el Cambio proponen la creación de un marco legal para garantizar el Plan de Vacunación contra el Covid-19
Mediante un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense, los legisladores de Juntos por el Cambio buscan establecer lineamientos básicos que garanticen el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19 en el ámbito provincial.
Se trata de la creación de un marco legal que asegure el principio de equidad y gratuidad; la coordinación entre el ministerio de salud con las autoridades distritales; la prescindencia de manifestaciones políticas partidarias, sindicales o comerciales y un esquema de prioridades para llevar adelante el proceso vacunatorio.
Roberto Costa, presidente del Bloque de Senadores, expresó que la iniciativa presentada determina que “resulta incompatible la participación rentada o gratuita en el Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid -19 de quienes exterioricen su pertenencia a partidos y/o agrupaciones políticas, sindicales o empresariales”.
Además se fija que “el Ministerio de Salud deberá disponer las acciones que resulten necesarias para asegurar la distribución de las vacunas de manera transparente, equitativa e igualitaria”.
Esquema de prioridades
La iniciativa presentada por los legisladores, establece que la ejecución del Plan de vacunación en el territorio provincial se llevará a cabo mediante la utilización de los servicios de vacunación preexistentes, teniendo como objetivo el de vacunar el mayor número de personas en el menor tiempo posible conforme la disponibilidad de vacunas lo permitan.
Las acciones a llevarse a cabo se proyectarán en consenso con los municipios; acorde con las etapas establecidas en el Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid -19 elaborado por el Ministerio Nacional de Salud.
En ese esquema, se vacunará por etapas y en el siguiente orden: “personal de salud; adultos mayores de 70 años conjuntamente con las personas que residen en geriátricos; personas de 60 a 69 años; personal estratégico como docentes y no docentes, fuerzas armadas, policía y servicio penitenciario; personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo; otros grupos estratégicos que surjan”.
Por último, el proyecto especifica que el Ministerio de Salud podrá modificar el orden establecido precedentemente en razón de nuevas evidencias científicas que así lo indiquen en resolución expresamente fundada.
