La Comisión de Comercio, que conduce la diputada Gabriela Lena (UCR) recibió a representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) y la Federación Económica de Corrientes, entre otros, a fin de analizar juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las Pymes.

Al respecto, Esteban Mancuso, coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) celebró que se “esté trabajando en un tema endémico como lo es el problema del empleo no registrado. La imprevisibilidad del marco legal implica el cierre de una persiana y una pyme”. “Creemos conveniente que las multas sean destinadas al sistema único de la seguridad social evitando un problema futuro cuando el trabajador quiera recibir un beneficio jubilatorio en materia de solidaridad y financiamiento y hay que incentivar acuerdos conciliatorios”, propuso.

Juan Ángel Ciolli, representante Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), advirtió que “Es un tema que tenemos que abordar en conjunto con los trabajadores porque afecta a pymes y a la organización de trabajadores. Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 y 9 trabajadores, un juicio puede provocar el cierre de una empresa”, alertó. “Planteamos y presentamos el informe 931 y el libro digital de sueldos que son herramientas muy importantes y deberían ser públicas. Puede ser un elemento fundamental para evitar los juicios”.

Por último, Ciolli propuso una instancia intermedia en un observatorio tripartito donde participen cámaras, sindicatos y Estado, a través del ministerio de Trabajo “para tener una orientación clara de que se tratan este tipo de juicios y una diferenciación entre las micro y macro empresas ya que las “pymes generamos más del 70% de la mano de obra”.

Juan Pablo Diab, asesor del Departamento de Legales de la CAME, explicó lo “grave de la problemática de la litigiosidad laboral. El 95% de los juicios laborales están referenciados en tres leyes de empleo y no hay reclamo laboral que no conlleve estas normas que la historia ha demostrado que no funcionó. Para empresas es un incordio en gastos judiciales”, aseveró. Asimismo, sugirió una instancia intermedia entre el tiempo de reclamo y el plazo de la ley.

Para “contextualizar”, Leonardo Ezequiel Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), manifestó que “las empresas tuvieron buenas ventas en todos los trimestres, tanto del comercio como servicios en 2022”. “Tenemos que dar discusiones multidimensionales porque lo unilateral no lleva a nada, hay demandas diferentes y hay que dar discusión sobre la simplificación laboral”.

El 76.4% de las empresas empleadoras no afronta reclamos laborales, un 23.5% tiene uno o más casos. 1 de cada 10 empresas tiene episodios laborales significativos, aportó como dato el empresario y manifestó que “casi la mitad de las pymes indican que la coyuntura económica es la principal causa de conflictos, le sigue legislación laboral con el 40%, luego abogados y jueces con 30.7% y sindicatos con 29.5%”, detalló.

Por su parte, William Borgo, presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí, Entre Ríos, “hemos visto productores abandonar su producción por no poder solventar juicios laborales. La solución está en la política, no es lo mismo una pequeña que una gran empresa tiene que haber una normas distintas para ser viables y potables”. “Los costos de registración se tienen que solventar todos los meses y es una contradicción a la realidad del país que tenemos. Tienen que estar todas las partes para encontrar una solución de fondo. Los jóvenes queremos trabajar y generar trabajo”, aseguró.

Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), consideró que ““Tiene que quedar claro que los derechos de los trabajadores no tienen nada que ver con los problemas de las pymes. En los casos de crisis las multas deberían reducirse para que no sea un juicio laboral lo que destruya una unidad productiva”.

Asimismo, Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, advirtió que “no es lo mismo ser pyme en Buenos Aires que ser pyme en el norte, una región olvidada y poco federalizada, si se puede decir. Tenemos que tratar a todos con la misma vara”.

Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, se mostró a favor de “segmentar nuestros convenios colectivos de trabajo y negociar pisos salariales para la realidad de las distintas pymes que son diferentes en las regiones y a las grandes empresas”. “la litigiosidad es alta en el país. La solución es sentar ambas partes y encontrar una solución y en los convenios colectivos de trabajo que hay que modernizar”, fundamentó.

Además participaron, Pedro Etcheberry, miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio; Julián Jajurin, jefe del Departamento de Legales de la CAME; Diego Guerri, presidente de Metalúrgica JMD SA; Mariano Cáceres, vicepresidente y CEO de Calarca S.A. Industria Química; el diputado Eduardo Fernández, vicepresidente 1º de APYME; David Selser, Confederación General de la Producción.