El titular de la CNV puntualizó que la denuncia realizada por la AFIP contra la empresa “no tiene que ver con la ley de financiamiento del terrorismo, esta es una ley que penaliza los delitos de guante blanco”. CFK había dicho lo contrario.

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, remarcó este miércoles que la denuncia judicial realizada por la AFIP contra la empresa de capitales estadounidenses Donnelley Argentina es por “presunta quiebra fraudulenta” y no se encuadra en la ley de financiamiento del terrorismo, como interpretaron algunos medios.

“Se hizo una denuncia en el juzgado de (Daniel) Rafecas por la presunta quiebra fraudulenta. Esto no tiene que ver con la ley de financiamiento del terrorismo, sino con la ley que penaliza los delitos de guante blanco”, puntualizó el titular de la CNV, precisando que la ley pertinente en este caso “es la de delitos económicos, número 26.733”.

“Hubo una confusión de algunos porque, cuando se habla de antiterrorismo, se habla de terrorismo económico y, en este caso, la ley es esta y no la del financiamiento del terrorismo”, puntualizó el funcionario.

“Como derivación de la quiebra fraudulenta podría llegar a aplicarse un artículo del Código Penal, el 309° de esa ley, que fue aprobada en conjunto con otra posterior, la 26.734, de financiamiento del terrorismo, y de ahí creo que viene la confusión”, consideró Vanoli.

El titular de la CNV reafirmó por otro lado que realizará una presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Donnelley es una empresa con capitales de ese país y “es necesario que se la investigue allí, donde ese organismo es muy celoso de todo lo que tiene que ver con los fraudes empresariales, como lo demostró en el caso Enron”, sostuvo Vanoli.
La semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner se había pronunciado sobre la empresa radicada en Garín, pero destacando: “Es el primer caso que vamos a tener de aplicación de Ley Antiterrorista, el artículo 309 del Código Penal, incorporado por el artículo 5º, de la Ley 26.733, publicada en el Boletín Oficial el 28-12-2011 y la Ley 26.734″.

En su mensaje, aprovechó la circunstancia para referirse a los cuestionamientos que recibió por la sanción de la ley. Entonces, sus detractores señalaban que la norma iba a ser utilizada para reprimir y castigar severamente los reclamos sociales.