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Home›Conurbano›El Concejo Deliberante ratificó el convenio de propiedad comunitaria de Punta Querandí

El Concejo Deliberante ratificó el convenio de propiedad comunitaria de Punta Querandí

By Gustavo García
diciembre 28, 2020
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En la última sesión dl año, el cuerpo legislativo aprobó el proyecto de ordenanza que convalida el acuerdo entre la Comunidad Indígena Punta Querandí y el intendente Julio Zamora firmado en noviembre pasado.

El convenio reconoce el derecho a la propiedad comunitaria en un predio de una hectárea ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, en la localidad de Dique Luján.

A partir de 2004, ante la aparición de restos arqueológicos ancestrales en el Paraje Punta Canal, un lugar rodeado de mega emprendimientos inmobiliarios, comenzó a constituirse la Comunidad Indígena Punta Querandí, integrada por familias de distintos pueblos originarios. Sus objetivos fueron resistir la avanzada de los barrios privados, proteger los humedales continentales, frenar la destrucción de enterratorios humanos milenarios y fortalecer la identidad indígena en la región.

Así se inició un extenso conflicto con la desarrolladora de barrios privados EIDICO, que pretendía convertir Punta Querandí en un amarradero para yates del complejo náutico “Villa Nueva”, el cual desde fines de los ’90 arrasó con casi mil hectáreas de humedales y destruyó lugares sagrados como el sitio arqueológico “Arroyo Garín” de mil años de antigüedad.

En 2017, el empresario Jorge O’Reilly, presidente de EIDICO, inició una demanda de desalojo contra la comunidad indígena. Sin embargo, a fines de 2019, luego de varios traspiés judiciales, la desarrolladora cedió a la Municipalidad el dominio de la parcela en conflicto, en el marco del Decreto-Ley 8912/77 que dispone la entrega de un porcentaje de tierras por cada emprendimiento inmobiliario.

El siguiente paso fue el acuerdo entre Punta Querandí y la Municipalidad, que se anunció en febrero de 2020 y se firmó el pasado 16 de noviembre, el cual garantiza que la parcela donde se asienta la comunidad será transferida con título comunitario. Además, el gobierno tigrense se compromete a colaborar en lo referido a los talleres educativos, infraestructura, sostenimiento y proyectos productivos.

El convenio no “entrega tierras”: la comunidad ya se encuentra en posesión del territorio. Como se afirma en los fundamentos el acuerdo, se regulariza “una realidad preexistente reconocida institucionalmente por este Municipio mediante el Decreto 259/2018” que declaró de interés legislativo las actividades realizadas por Punta Querandí.

El intendente Julio Zamora al firmar el convenio en noviembre, expresó: “Estamos muy contentos de seguir avanzando en este proceso de reconocimiento a Punta Querandí. Queremos acompañar todo el trabajo que vienen realizando para reivindicar sus raíces y sus culturas”.

Por su parte, Santiago Chara del Consejo de Ancianos de Punta Querandí, señaló tras la convalidación en el Concejo Deliberante: “Es una gran felicidad este logro, agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos apoyaron”. Y agregó: “Después de tantos años de lucha, el Estado se hizo presente y obtuvimos la propiedad comunitaria de nuestro territorio, en donde defendimos nuestras culturas, nuestras cosmovisiones y los restos de los antepasados”.

Tigre es uno de los primeros distritos del conurbano bonaerense en reconocer el derecho a la propiedad comunitaria. Un hecho que busca “subsanar una parte de la deuda pendiente para con los Pueblos Indígenas del Municipio” en la “búsqueda hacia una Reparación Histórica”, afirma el convenio.

 

Próximos objetivos

Desde la comunidad informaron que los objetivos en el territorio son profundizar “el trabajo cultural y educativo, así como los proyectos de agroecología y de producción con oficios tradicionales”.

Por otra parte, están los desafíos que tienen que ver con la agenda de reclamos de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, organización de comunidades conformada recientemente, que tiene a Punta Querandí como espacio de confluencia y asamblea.

Las demandas de la Unión son el reconocimiento de los idiomas originarios, el financiamiento de salones comunitarios, el apoyo a las producciones y la entrega de tierras a familias indígenas, entre otras.

 

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