Para el presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina, la formalización de las transacciones que se generan vía web redundará en mayor recaudación fiscal y menores resquicios para el comercio ilegal y la falsificación marcaria.

Uno de los impactos más notorios que se produjeron a partir del marzo de este año, en el comienzo de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, fue el crecimiento exponencial del comercio electrónico en la Argentina. Según la cámara que agrupa a empresas (CACE) se aceleró en pocas semanas un proceso que estaba previsto que durara, por lo menos, tres años. Y más allá de que muchas compañías, de todo tamaño, que ofrecen productos y servicios no estaban listas para ese cambio abrupto, la adaptación fue inevitable.

Diferentes encuestas realizadas entre ejecutivos de empresas demostraron que más del 65 por ciento tuvo que acelerar proyectos para ingresar al mundo del comercio electrónico. Para la CACE, las transacciones aumentaron un 84 por ciento en abril, con picos del 300 % en el caso de los supermercados.

«La formalización de las transacciones que genera el comercio electrónico redundará en mayor recaudación fiscal y menores resquicios para el contrabando y la falsificación marcaria», define Enrique Caride, presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina (ACAA). La entidad, formada por compañías de diferentes industrias, apunta a combatir la piratería marcaria, el comercio ilegal y el contrabando.

Según la ACAA, cada producto no oficial representa, además de un daño enorme a las marcas, menores ingresos fiscales y por el total del delito se estima que dejan de cobrarse unos 125.000 millones de pesos anuales en impuestos. «Siempre dejamos claro que no se trata de hacer una persecución individual de un vendedor sino de atacar desde la raíz a la maquinaria de la industria ilegal. Está largamente probado que una parte importante del comercio ilegal contribuye a financiar al terrorismo internacional y a mafias que lucran con el trabajo esclavo e informal, con el lavado de dinero y otros delitos graves. Se calcula que a nivel mundial las transacciones ilícitas generan hasta un trillón de dólares anuales», explica Caride.

Hace algunas semanas, Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, aseguró que en los primeros dos meses de aislamiento el uso de la plataforma tuvo un crecimiento del 12 por ciento (unas 600 mil personas) en la Argentina. Y justamente desde Mercado Libre, se actualizó el año pasado el Brand Protection Program mediante el cual se trabaja junto a las marcas para la protección de sus derechos de propiedad intelectual y como una manera de combatir el contrabando y la falsificación para mejorar las transacciones y cuidar también a los compradores. Según la compañía, solo el 0,1% de las publicaciones del sitio son denunciadas por falsificación, cada mes.

Para Caride, «la nueva realidad de las industrias, comercios y servicios genera una mirada positiva pensando en que cada día va a ser más difícil la actividad para contrabandistas, falsificadores y comerciantes ilegales. Sería ingenuo pensar que simplemente van a desaparecer, porque las transacciones electrónicas no son perfectas ni van terminar por completo con los productos falsos, pero es un paso importante».

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