El Gobierno nacional retomará esta semana el impulso legislativo para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, uno de los proyectos más sensibles de la agenda penal y un eje central del discurso de seguridad de la administración de Javier Milei.

La iniciativa, que propone reducir la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados penalmente, será nuevamente puesta en debate en el Congreso, en un contexto de creciente preocupación social por los delitos cometidos por adolescentes y de fuerte polarización política en torno al tema.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para “terminar con la impunidad” y dar respuesta a hechos de inseguridad que generan alto impacto mediático. En ese sentido, consideran que el actual régimen resulta obsoleto y no se ajusta a la realidad del delito en la Argentina actual.

Sin embargo, el proyecto enfrenta una fuerte resistencia por parte de bloques opositores, organismos de derechos humanos y especialistas en infancia, que advierten que la baja de la edad no resuelve el problema de fondo y puede agravar situaciones de vulnerabilidad social.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la falta de un sistema integral de contención, educación y reinserción para los menores en conflicto con la ley. Además, distintas organizaciones remarcan que la mayoría de los delitos graves no son cometidos por menores de edad y que la reforma tendría un impacto limitado en términos reales de seguridad.

El debate no es nuevo, pero vuelve a instalarse con fuerza en un escenario político donde el Gobierno busca marcar agenda con proyectos de alto impacto simbólico, mientras la oposición intenta reconstruir liderazgo y capital político tras la derrota electoral.

En este marco, la discusión promete convertirse en uno de los principales focos de tensión en el Congreso durante las próximas semanas, con posiciones irreconciliables y un tema que atraviesa de lleno a la opinión pública: cómo enfrentar el delito sin vulnerar derechos básicos.