La iniciativa fue presentada por el concejal del PRO Leandro Goroyesky  y apunta a reforzar la seguridad en unidades penitenciarias, iniciativa que a nivel provincial pregona Alex Campbell.

El concejal Leandro Goroyesky presentó este miércoles un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar para manifestar el respaldo del cuerpo a una iniciativa legislativa provincial que busca prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta, ingresada con fecha 22 de abril de 2026, plantea acompañar la modificación de la Ley N° 12.256 de Ejecución Penal, incorporando además sistemas de inhibición y bloqueo de señal dentro de las unidades carcelarias. Según se desprende del texto, el objetivo central es evitar la comisión de delitos que, de acuerdo a antecedentes judiciales, continúan organizándose desde el interior de las cárceles mediante dispositivos móviles.

El proyecto fue presentado este miércoles por el concejal del PRO Leandro Goroyesky.

En los fundamentos del proyecto se advierte que el uso indebido de teléfonos celulares en contextos de encierro ha facilitado maniobras delictivas, lo que torna necesaria una actualización del régimen penitenciario bonaerense. En ese sentido, el documento también subraya que la medida no implica una vulneración del derecho a la comunicación, sino que propone canalizarla por vías institucionales y controladas.

Asimismo, el texto destaca la importancia de avanzar en políticas que contribuyan a la prevención del delito y al fortalecimiento de la seguridad pública, al tiempo que expresa el reconocimiento a este tipo de iniciativas legislativas.

En su articulado, la resolución establece, en primer lugar, el apoyo formal del Concejo Deliberante de Escobar al proyecto de ley en tratamiento en la Legislatura bonaerense, de autoría del senador del PRO Alex Campell. En segundo término, solicita a los legisladores provinciales que acompañen su sanción, en virtud de su impacto en materia de seguridad. Finalmente, dispone la comunicación de lo resuelto tanto a la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires como a los organismos correspondientes, incluyendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De avanzar en el ámbito provincial, la iniciativa podría implicar un cambio significativo en el funcionamiento de las unidades penitenciarias, en línea con políticas orientadas a limitar la capacidad operativa del delito desde contextos de encierro.