El gobierno electo de Macri rápidamente acometió la tarea de zanjar dos vallas que se presentaban insalvables para la inserción plena de la economía argentina en el mundo: cepo cambiario y default. Por Dr. Gonzalo Fuentes y Arballo (*).

El resultado de las elecciones generales que se llevaran a cabo en la República Argentina en el 2015, la puesta en funciones de un nuevo gobierno de signo y convicciones marcadamente contrarias al régimen anterior tienen una implicancia directa en las condiciones de inversión que se inician en este nuevo periodo.

El gobierno electo de Mauricio Macri rápidamente acometió la tarea de zanjar dos vallas que se presentaban insalvables para la inserción plena de la economía argentina en el mundo. Dos obstáculos que se erigían como verdaderas barreras para todo intento de transmitir una semblanza de país seguro para la radicación de las necesarias inversiones, tanto de origen nacional como extranjero. Así, en un giro eficaz se eliminó el denominado “cepo cambiario”. Un concierto inarmónico de regulaciones del mercado de cambios que básicamente impedía el acceso a moneda extranjera del público y empresas locales. O en su caso sujetaba su adquisición a un régimen de autorizaciones que se acomodaban a las eventuales necesidades de divisas del gobierno saliente.

Desatado el nudo de prohibiciones en la actualidad, el parámetro de autorización está dado por la licitud de los fondos que eventualmente se abocan a la compra de moneda extranjera. Así entra el régimen de adquisición de divisas argentino en la generalidad de las regulaciones que norman la materia internacionalmente.

El segundo muro que se derribó es la situación de “default” en la que se encontraba el país, un arrastre en el incumplimiento de obligaciones contraídas en el mercado de capitales, de tenedores de bonos que no entraron oportunamente en los mecanismos de reestructuración de deuda que llevó a cabo el país después de la debacle económica del 2001. El incumplimiento trajo aparejado una acción judicial ante el consabido Juzgado de Thomas Griessa en la ciudad de New York.

Los principales actores de la presentación fueron fondos de inversión, también denominados “holdouts”. De nuevo el gobierno del Pro (partido político gobernante) acometió la tarea, mediante una exitosa colocación de nuevas obligaciones en el mercado de capitales, logró los necesarios acuerdos y así, tras 15 años, finalmente se encuentra el país a derecho en el mundo financiero. En pocos meses, desde el punto de vista normativo, la Argentina se encuentra en condiciones que no difieren del resto de las naciones de la zona.

Un último punto que debemos tener en cuenta y que emite una señal clara al mundo empresario es que se ha desatado en el país una verdadera híper acción judicial, sobre todo en el ámbito de los Justicia Federal. Jueces y Fiscales parecen dispuestos a encarar una “manu pulite” local contra una verdadera organización delictual que tenía sus garras inmersas en más que jugosos negocios ilegales con el estado, en síntesis: corrupción. Los abanderados de estas organizaciones ya se encuentran encarcelados o están en vistas de encontrarse privados de su libertad.

¿Qué acciones faltan para hacer entonces que “lluevan” las inversiones en Argentina de acuerdo a las promesas de campaña? Es una verdad de perogrullo que cuando un país ha quedado excluido del sistema de inversiones de una comunidad de capitales globalizada tanto tiempo se deben presentar excelentes oportunidades de desarrollo. La respuesta no parece sencilla, por una parte resta llevar a buen puerto otros dos desafíos hermanos: ajustar el sistema tarifario de energía y transporte, que los últimos 12 años fue sujeto a una fortísima distorsión en base a un régimen de subvenciones, y controlar una inflación que los guarismos privados sitúan rayando el 35% para el 2016.

El shock de las medidas que a grandes rasgos se han descripto todavía tienen que asentar su impacto en la economía en general. Un PBI en retroceso y perdida de fuentes de empleo son pronósticos casi ineludibles para lo que resta del año. Para promover un marco de seguridad jurídica, un cambio en el humor social que conlleve una promesa de un futuro mejor para el mercado de consumo local, se necesita un verdadero plan de desarrollo de la industria y el sector de servicios que contemple un acuerdo que trascienda el marco empresario. Debe involucrar a los sectores gremiales, sociales y la ciudadanía en general.

No es menor la tarea que le queda al capitán del barco, para navegar por aguas turbulentas no es sólo necesario conocer el destino, sino que la tripulación tiene que llegar al convencimiento que todo sacrificio que se le pida tendrá su merecida recompensa cuando se arribe al puerto prometido.

(*) Director del Instituto de Seguridad y Justicia ACEP

Concejal del Frente Renovador Escobar

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