Estas medidas, calificadas por muchas organizaciones como un «vaciamiento» del Estado en su rol de garante de derechos, han afectado directamente a instituciones que brindan servicios esenciales que el Estado no cubre, como es el caso de la Asociación Civil APANNE en el distrito de Escobar, dedicada a la atención de personas con discapacidad. 

1. Política de vaciamiento y recorte de programas sociales 

 El gobierno nacional que conduce Milei ha implementado un drástico recorte en partidas destinadas a la discapacidad, incluyendo la reducción de subsidios y la discontinuación de programas de apoyo a instituciones que ofrecen servicios de educación, salud, estimulación y transporte adaptado. Esto ha generado: 

– Desfinanciamiento de organizaciones: Muchas instituciones, como APANNE, dependen de fondos estatales para mantener sus servicios. La falta de transferencias ha puesto en riesgo su continuidad. Desde hace 9 años, el Municipio de Escobar junto a su Intendente, Ariel Sujarchuk, realizan aportes para sostener la tarea de las y los integrantes de la asociación civil, como también, promover acciones y eventos que permiten recaudar para colaborar de manera directa. 

– Eliminación de transporte adaptado: es otro de los servicios más afectados y es esencial para que las personas con discapacidad puedan acceder a terapias, escuelas y centros de día. Hay demora en pagos y una fuerte resistencia a ampliar los servicios que ya de por sí son escasos. 

2. Situación de APANNE y otras instituciones 

APANNE, como muchas otras organizaciones, ha denunciado que el recorte de subsidios imposibilita el mantenimiento de sus actividades. Estas instituciones cumplen un rol clave en la inclusión, ya que el Estado no tiene la capacidad de cubrir toda la demanda. Mucho más, cuando no existen en la región otras alternativas que puedan acercar respuestas a las familias. 

– Falta de combis y movilidad: Sin recursos para mantener vehículos adaptados, muchas personas con discapacidad quedan aisladas, sin acceso a educación o tratamientos. 

– Protestas y reclamos: En el marco de la “Semana de Lucha contra el Vaciamiento y Paro de Prestaciones”, APANNE y otras entidades han realizado movilizaciones exigiendo la restitución de los fondos. 

3. Contraste con políticas de inclusión anteriores 

Gobiernos anteriores, más allá de sus limitaciones, mantenían un esquema de apoyo a estas instituciones mediante programas desde la ANDIS o subsidios directos. La actual administración, en cambio, prioriza el ajuste fiscal, argumentando la necesidad de reducir el gasto público, pero sin proponer alternativas para quienes dependen de estos servicios. 

Conclusión: Un Estado que se retira, una sociedad que resiste 

El desmantelamiento de las políticas de discapacidad refleja una visión donde el Estado se desliga de su obligación como garante de derechos. Las instituciones como APANNE están llevando adelante una lucha clave para evitar que el ajuste profundice la exclusión. La “Semana de Lucha” visibiliza esta crisis, pero se necesitan soluciones urgentes para evitar que más personas con discapacidad queden desamparadas. 

¿Qué se puede hacer? 

– Exigir al gobierno que derogue los recortes en discapacidad. 

– Fortalecer la movilización social para presionar por una ley de financiamiento permanente. 

El vaciamiento no es solo un recorte presupuestario: es un ataque directo a los derechos de las personas más vulnerables. La resistencia de las instituciones es fundamental para evitar que la exclusión se profundice. 

(*) Presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria de Escobar / Subsecretario Electoral y Parlamentario de la Provincia de Buenos Aires.