La Provincia de Buenos Aires, epicentro de una crisis de inseguridad que parece no tener fin, se encuentra atrapada en un espiral de violencia y delitos de diversa índole, en un escenario donde la gestión política parece tomar un segundo plano frente a las campañas electorales. Por Patricia Fortina (*).

Este escenario, que golpea a miles de familias todos los días, no es producto de la casualidad, sino de una serie de decisiones, omisiones y, sobre todo, la falta de respuestas efectivas. 

En las últimas semanas, los titulares de los diarios han reflejado una creciente ola de crímenes en todo el territorio bonaerense. Asaltos, homicidios, robos a mano armada y secuestros extorsivos se han vuelto parte del día a día. En muchos casos, las víctimas son ciudadanos que simplemente transitan por las calles de sus barrios. Los robos no distinguen entre hora ni lugar: el miedo se ha apoderado de quienes viven en la provincia, incluso en zonas que históricamente habían sido consideradas más tranquilas. La sensación de vulnerabilidad es palpable, y la gente ya no se siente segura ni en su propia casa. 

Uno de los factores que perpetúa esta situación es la creciente impunidad de quienes cometen estos delitos, un escenario que se agrava con la política de justicia penal. La baja de la imputabilidad, que muchos expertos consideran una medida fundamental para desactivar este ciclo de violencia, sigue siendo un tema tabú en la agenda de quienes deberían velar por la seguridad de los ciudadanos. Mientras el gobierno de la provincia se enfrenta a una creciente presión social, las propuestas para reformar el sistema judicial, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad penal de los jóvenes, siguen siendo relegadas a un segundo plano. La falta de respuestas claras sobre este tema sólo alimenta el malestar en la población. 

La idea de reducir la edad de imputabilidad, permitiendo que los jóvenes que cometen delitos graves enfrenten consecuencias legales más severas, es un debate pendiente que necesita ser abordado con urgencia. Es indiscutible que un número creciente de menores está involucrado en actividades delictivas, y permitirles continuar con una vida delictiva sin consecuencias claras es una receta para la perpetuación de la violencia. Si bien hay quienes argumentan que la solución está en la educación y en la inclusión social, lo cierto es que muchos jóvenes caen en la delincuencia debido  a un sistema que no actúa con la rapidez necesaria para evitar que continúen con su accionar delictivo. 

Sin embargo, el verdadero problema no radica solamente en las políticas judiciales o en la baja de la imputabilidad. En los últimos tiempos, la figura del gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, ha estado más enfocada en su campaña electoral que en la gestión de los problemas cotidianos de los bonaerenses. La seguridad es uno de esos temas olvidados, un tema en el que las promesas han quedado en el aire. Mientras la gente sigue padeciendo la inseguridad, Kicillof parece desentenderse de su responsabilidad en la gestión de la provincia y, en cambio, concentra esfuerzos en posicionarse para su futura carrera política. 

La provincia necesita respuestas inmediatas y soluciones a largo plazo. No se puede seguir esperando a que el gobernador o los legisladores se centren solo en las disputas políticas o en ganar votos. La gente ya no puede esperar más: la inseguridad mata y roba sueños. Es urgente que se recupere el rumbo en la gestión, que se implementen políticas de seguridad eficaces, que se potencie el trabajo de la policía, pero también que se logren reformas profundas en el sistema judicial que dejen de hacer aguas. La baja de la imputabilidad no es la única solución, pero es un paso fundamental para comenzar a dar señales claras de que, en la Provincia de Buenos Aires, la seguridad de los ciudadanos es una prioridad. 

Lo que está en juego no son solo las cifras de delincuencia, sino la calidad de vida de millones de bonaerenses. La inseguridad es un flagelo que no puede seguir siendo usado como moneda de cambio en la arena política. Mientras se mantiene esta inacción, la población sigue pagando el precio más alto. La provincia necesita acción y no promesas vacías. La seguridad debe ser una prioridad de gestión, no una bandera de campaña. 

(*) Presidente de Republicanos Unidos Provincia de Buenos Aires