El vicepresidente primero del Senado bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley que busca trasladar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la totalidad de los gastos de funcionamiento de los móviles policiales, al considerar que la seguridad es una competencia exclusiva del Estado provincial y que los municipios no deben destinar recursos propios para sostener ese servicio.

La iniciativa establece que el Ministerio de Seguridad bonaerense deberá hacerse cargo del financiamiento integral del mantenimiento preventivo y correctivo, las reparaciones, la compra de repuestos, neumáticos, seguros y todos los gastos necesarios para garantizar la operatividad de los vehículos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Además, el proyecto contempla que los móviles adquiridos por los municipios a través del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad también deberán ser mantenidos con recursos provinciales. En ese sentido, señala que, si los fondos enviados por la Provincia resultaran insuficientes para cubrir esos costos, la diferencia deberá ser financiada exclusivamente por el Gobierno bonaerense, sin trasladar esa carga económica a las comunas.

Otro de los puntos centrales de la propuesta prohíbe que la Provincia condicione el acceso de los municipios a programas de seguridad a la obligación de asumir gastos de funcionamiento o mantenimiento de bienes afectados a la Policía Bonaerense. Asimismo, dispone que los convenios que se firmen en el futuro deberán respetar ese criterio y no podrán incluir cláusulas que transfieran responsabilidades operativas o financieras propias de la Provincia hacia los gobiernos locales.

En los fundamentos del proyecto, Ishii sostiene que la seguridad pública constituye una competencia exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y recuerda que tanto la Constitución provincial como la Ley de Seguridad Pública N.º 12.154 asignan esa responsabilidad al Estado provincial.

El senador argumenta que, si bien los programas de fortalecimiento de la seguridad representan una herramienta de cooperación con los municipios, en la práctica los recursos transferidos no alcanzan para cubrir los costos reales de funcionamiento del parque automotor policial. Como consecuencia, afirma, numerosos municipios terminan financiando con fondos propios gastos como reparaciones mecánicas, combustible, neumáticos, repuestos y seguros.

Para Ishii, esa situación “genera una evidente distorsión en la distribución constitucional de competencias”, ya que obliga a las administraciones locales a destinar recursos que deberían utilizarse para la prestación de servicios municipales. También sostiene que esta transferencia de costos afecta la autonomía económica de los municipios y contradice el principio de correspondencia fiscal, según el cual cada nivel de gobierno debe contar con los recursos necesarios para ejercer las competencias que le corresponden.

Con esta iniciativa legislativa, el dirigente peronista propone que la Provincia asuma plenamente los costos operativos vinculados a la seguridad, evitando que los municipios continúen absorbiendo gastos que, según sostiene el proyecto, corresponden exclusivamente al Gobierno bonaerense.