Tal vez sea momento de promover una mayor transparencia una visión moderna y amplia del rol del Consejo de la Magistratura, con una mayor y correcta interacción con la Corte Suprema de Justicia. Por Gonzalo Fuentes Arballo (*).

El llamado a indagatoria al fiscal Stornelli por parte del juez Ramos Padilla; la convocatoria de la comisión Bicameral de Inteligencia al propio magistrado de Dolores y al titular de la AFI, sumado al escándalo del falso abogado Marcelo D’Alessio ubicó a la Justicia argentina en una suerte de novela judicial con tintes de espionaje, con una tensa trama que tiene como protagonistas a los amigos del poder.

En ese sentido, la saga continúa en los pasillos del Consejo de la Magistratura, órgano en el cual la cartera de Justicia, materializó vía Juan Bautista Mahiques el pedido de inicio del proceso de remoción de Ramos Padilla. Así las cosas, se suman día tras otro día nuevos elementos que dejan sin esperanza un rápido esclarecimiento de los hechos y la consecuente la posibilidad de encontrar la verdad.

El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo aplicar sanciones disciplinarias sobre magistrados, decidir la apertura de procedimientos de remoción, ordenar suspensiones y formular las acusaciones correspondientes.

Para el caso, el pedido del representante del Ejecutivo, Mahiques, deberá ser tratado por la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Vale en esta instancia señalar que en nuestro sistema constitucional, los jueces son controlados diariamente por las partes y a su vez por las Cámaras de apelaciones a través de sus fallos. A ello se suma el control por parte de la sociedad y los medios masivos de comunicación.

En la actualidad, y lamentablemente ya hace largos años, este órgano, que debería centrar sus acciones en solucionar la falta de acceso al servicio de Justicia, deviene en un escenario más en el cual el Poder Ejecutivo presiona con el fin de condicionar causas y pronunciamientos en temas trascendentes para su agenda de gobierno.

Tal proceder no hace sino apartar a esta institución de una prístina división de poderes tan necesaria para dotar de institucionalidad a la Nación. Justamente, la incorporación del Consejo de la Magistratura en el texto de la reforma de nuestra Constitución de 1994 tenía por objeto mejorar el funcionamiento del Poder Judicial como garante de la vigencia de la misma Carta Magna y las leyes en consecuencia promulgadas.

En ese sentido el fortalecimiento del Consejo se torna urgente en momentos como los actuales, recordemos que resulta un órgano permanente del Poder Judicial -art. 1 de la ley 26.885-.

Tal vez sea momento, ante el incesante aumento de causas vinculadas con casos de corrupción, que se promueva para una mayor transparencia una visión moderna y amplia del rol del Consejo de la Magistratura, con una reforma en la cual se contemple una mayor y correcta interacción con la Corte Suprema de Justicia, en la búsqueda de un trabajo conjunto y coordinado de ambas instituciones para una más eficiente defensa de las garantías individuales y de las libertades públicas.

El fortalecimiento del sistema judicial es un paso necesario para disipar acciones de algunos grupos de presión, devolver al ciudadano la confianza en el cumplimiento de las leyes y dejar las novelas de espionaje en nuestras bibliotecas para la distracción en tiempos de ocio.

(*) Abogado, director del Instituto de Justicia y Seguridad de la Asociación de Estudios Populares (ACEP). Preside el bloque de concejales del Frente Renovador en Escobar.