La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y el proyecto regresará ahora al Senado para su tratamiento definitivo. La iniciativa, presentada por el oficialismo como una herramienta clave para “modernizar” el mercado de trabajo y fomentar la generación de empleo, volvió a encender el debate político y sindical en todo el país.

La votación dejó al descubierto un Congreso fragmentado, donde el oficialismo necesitó acuerdos con bloques dialoguistas para alcanzar la mayoría. La Libertad Avanza logró alinear a sus aliados habituales y sumó respaldos de sectores del radicalismo y de fuerzas provinciales, en una negociación que incluyó modificaciones al texto original para garantizar los votos necesarios.

Un proyecto con fuerte carga ideológica

Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral, flexibilizar modalidades de contratación y aliviar costos para las pymes. En el entorno presidencial argumentan que el régimen actual “expulsa empleo formal” y desalienta inversiones.

En la oposición, en cambio, advierten que el proyecto implica una pérdida de derechos adquiridos y un debilitamiento de la protección del trabajador. Legisladores del peronismo y de la izquierda calificaron la media sanción como “un retroceso histórico” y anticiparon una fuerte resistencia en la Cámara alta.

El debate no fue sólo técnico sino profundamente político: el oficialismo presentó la reforma como parte central del programa de transformación estructural que impulsa desde diciembre, mientras que el kirchnerismo la enmarcó en una agenda de ajuste que —según sostienen— recae sobre los sectores asalariados.

El rol de los sindicatos

La aprobación en Diputados reactivó las críticas del movimiento obrero. Dirigentes sindicales cercanos a la CGT anticiparon movilizaciones si el Senado avanza con la sanción definitiva. Algunos gremios ya hablan de un nuevo paro general, lo que podría tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y el sindicalismo organizado.

No es un dato menor: desde el inicio de la gestión de Milei, el vínculo con los sindicatos ha sido abiertamente confrontativo. La reforma laboral se convirtió en uno de los principales campos de batalla entre el Gobierno y el movimiento obrero.

Un Senado como campo decisivo

El proyecto vuelve ahora al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario más complejo. Si bien ya había habido un tratamiento previo, las modificaciones introducidas en Diputados obligan a una nueva revisión. Allí, los gobernadores tendrán un rol determinante, especialmente aquellos que mantienen una relación pragmática con la Casa Rosada y cuyos senadores pueden inclinar la balanza.

La clave estará en los bloques provinciales y en el radicalismo, que podrían definir el resultado final. El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos de último momento, mientras que la oposición busca capitalizar el malestar social y sindical para frenar la iniciativa.

Reforma laboral y clima económico

El avance parlamentario se da en un contexto de desaceleración inflacionaria pero con caída del consumo y tensión en algunos sectores productivos. Para el oficialismo, la reforma laboral es una señal al mercado y a los inversores internacionales de que Argentina avanza hacia un esquema más flexible y competitivo.

Para la oposición, en cambio, el momento económico vuelve aún más sensible cualquier modificación en el mundo del trabajo. Sostienen que en un escenario de ajuste fiscal y retracción del poder adquisitivo, flexibilizar normas laborales podría agravar la precarización.

La definición quedará ahora en manos del Senado. Allí se pondrá a prueba no sólo la capacidad de negociación del Gobierno, sino también la cohesión de la oposición y el peso real del sindicalismo en la arena política. La reforma laboral, más que una ley técnica, se ha transformado en un símbolo del rumbo que la administración de Milei busca imprimirle al país —y del modelo de relaciones laborales que pretende consolidar en los próximos años.