La Defensoría del Pueblo porteña y el Centro de Justicia y DDHH de la Universidad de Lanús organizaron la jornada “Migraciones y Derechos: El trabajo desde las Defensorías del Pueblo. Perspectivas comparadas Argentina y España” en CABA.

El evento contó con la participación de diferentes especialistas en materia de inmigrantes, quienes realizaron sus exposiciones en dos mesas de trabajo o paneles que se llevaron a cabo durante la jornada.

En la apertura se pautó un panel sobre “El rol de las Defensorías del Pueblo en la protección de las personas migrantes”, conformado por Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar; Marcelo Honores, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires; Elena Arce Jiménez, responsable del área de Migraciones e Igualdad de Trato de la Defensoría del Pueblo de España y Pablo Ceriani Cernadas, vicepresidente del Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de Naciones Unidas y director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús.

El inicio estuvo a cargo de Alejandro Amor, defensor del Pueblo de CABA y presidente de ADPRA, quien señaló que además de tomar la definición de la migración como un derecho humano, “creemos que desde México hasta Tierra del Fuego no hay migración, somos todos compatriotas, porque tenemos historias, orígenes y luchas comunes”.

Amor comentó que a partir del nuevo decreto presidencial de necesidad y urgencia sobre las políticas migratorias se efectuó una presentación ante el Congreso donde se fijó la posición como Defensoría del Pueblo “con la idea de que nos retrotraía a la denominada Ley Videla”.

Por último, aseveró que “yo no creo en la sociedad de la tolerancia, creo en la sociedad de la convivencia, que al que tengo al lado lo tomo con sus valores, con sus costumbres, con su historia, con su identidad, con su pensamiento y lo acepto como tal. Rechazo la sociedad de la tolerancia y creo en la construcción de la sociedad de la convivencia”.

Por su parte, la Defensora del Pueblo de Escobar advirtió que en su municipio se observa una especie de convencimiento de que hay un uso por parte de los migrantes que no les corresponde, como la salas, el hospital o la escuela. Asintió que “esas situaciones de discriminación marcada, de bullying y de dificultad de integración se traslada a sus hijos en el ámbito escolar”.

Fernández en su alocución afirmó: “En términos personales creo firmemente en la igualdad entre los hombres, creo en una América Latina unida como la soñaron y por la que lucharon Bolívar y San Martín. Asimismo, descarto de plano toda visión lombrosiana que estigmatice e indefectiblemente discrimine. Consecuentemente, desde este perfil se encuadra el abordaje con las comunidades migrantes residentes en nuestro Municipio. Asimismo, hemos gestionado ante el Ministerio del Interior de la Nación reunión con el Secretario del Interior Juan Carlos Morán, y con Directores del área de Migraciones del Ministerio, a quienes le he manifestado el desarrollo de nuestro trabajo y hemos acordado debida articulación”.

Para finalizar, la Defensora de Escobar expresó: “Nadie es ilegal en sí mismo, en todo caso hay que abordar la regularización de la documentación a los efectos de que el Estado les reconozca la residencia precaria y puedan ejercer plenamente derechos propios como el acceso a un trabajo formal y el ejercicio al voto”.