Las agresiones de choferes en la zona oeste del Gran Buenos Aires volvieron a poner en debate cómo detener esta violencia social. Para la izquierda, la solución no está en reforzar las calles de uniformados, sino en cuestionar la desigualdad existente, colocar cabinas e implementar medidas que beneficien a las grandes mayorías. Por Erica Seitler (*).

El crimen de Daniel Barrientos, chofer de la Línea 620, conmocionó no solo a los trabajadores del transporte colectivo, sino a todo el país. Esta tragedia puso en la agenda nacional la cuestión de la seguridad de los chóferes. Quienes viajamos todos los días en el transporte público de la zona oeste nos enteramos que un conductor de La Perlita, Matías Acuña, fue herido durante un robo mientras hacía su recorrido y que la línea 342 de la Cabaña en Morón Sur realizó un paro ante la agresión que sufrieron dos de sus conductores. A estos hechos se suma el reciente paro de La Perlita porque otra vez sufrieron un robo hace unos días.

Desde nuestro punto de vista, la solución a esta problemática no está en poner más fuerzas de seguridad en los colectivos. Debemos exigir al Estado y las empresas que cumplan con la instalación de cabinas de seguridad, un reclamo de los trabajadores de colectivos que no ha sido resuelto por los últimos gobiernos.

En 2008, la Secretaria de Transporte estableció a través de una resolución que «los operadores de los servicios de transporte público urbano y suburbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional deberán incorporar un Sistema de Protección Antivandálico para el Conductor». Ésta menciona que «en algunas zonas de Área Metropolitana de Buenos Aires se han generado situaciones de violencia sobre conductores de ómnibus urbanos, que aconsejan la adopción de medidas precautorias, para asegurar las máximas condiciones de confort y seguridad para los trabajadores del volante».

Desde esa fecha, los grupos empresarios del transporte de colectivos han recibido millonarios subsidios y les han dado el visto bueno de aumentar el boleto. Sin embargo, no invirtieron ni un solo peso en cabinas para que los choferes estén protegidos. En los últimos quince años, gobernó dos veces Cristina Fernández, una vez Mauricio «domador de reposeras» Macri y ahora Alberto Fernández. Entonces ¿quién gobierna? Pareciera que las empresas tienen impunidad para atentar todos los días contra las demandas de los trabajadores.

2500 millones de pesos fue lo que recibieron los empresarios para medidas de seguridad. Todavía nadie puede explicar qué pasó con ese dinero porque las medidas de seguridad no existen.

Mención aparte se merecen las conducciones sindicales de la UTA. Tanto Roberto Fernández como Miguel Bustinduy han sido cómplices de este chantaje. Jamás han realizado un plan de lucha para que se cumplan las cabinas. Ese silencio permite a las empresas no pagar un salario mínimo equivalente al costo de la canasta básica familiar, como así también perseguir y despedir a quienes reclaman mejores condiciones laborales.

No sobran policías

Juntos por el Cambio y sectores del peronismo tienen acuerdo en que la seguridad en los colectivos pasa por poner más policías.  El gobierno de Axel Kicillof cedió al ordenar operativos de cacheos –en otra época se le decía razia- a los usuarios del transporte público.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda, sostenemos que las fuerzas de seguridad no están para «cuidarnos», sino para garantizar que se cumpla el orden social existente. Son los primeros en reprimir la protesta social. Los choferes de la 620 fueron reprimidos el lunes 5 de abril mientras reclamaban por el asesinato de su compañero de trabajo. La misma policía, al mando de Sergio Berni, no dudó en desalojar con balas de goma, gases lacrimógenos y quema de casillas a las más de 3000 familias en Guernica durante la pandemia.

La policía es cómplice de la trata, el narcotráfico y los desarmaderos. Cada 29 horas, un agente de estas fuerzas asesina a un habitante por gatillo fácil.

Argentina es uno de los países de la región con más cantidad de policías por habitante: 600 cada 100 mil habitantes. Eso sin contar a la gendarmería, la prefectura, las policías locales y demás organismos de represión. Sin embargo, para la derecha se necesitan mucho más.  Patricia Bullrich los requiere para cumplir con slogans nefastos como es «Hay que poner orden en Moreno», «Tolerancia cero a la delincuencia» y «Basta de adoctrinamiento en las escuelas: que no me les impongan a tus hijos la ideología de género.

Milei no se queda atrás. Su aliado Ricardo Bussi, defensor de represores y negacionista del genocidio de la dictadura, dijo que «el que las hace las paga, los de gorra azul son los buenos y los que andan con palos y trapos son los malos». En nuestro país no faltan policías, sobran fachos.

Los verdaderos responsables

La violencia social que sufren cotidianamente los choferes y pasajeros se halla en la degradación de las condiciones de vida de las grandes mayorías producto de las políticas de ajuste del Frente de Todos. El cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el FMI ha dejado un tendal de 19 millones de pobres. Lo más grave es que seis de cada 10 pibes argentinos están bajo la línea de la pobreza.

Con una inflación escandalosa que destruye nuestros salarios, las jubilaciones y los programas sociales, la desigualdad se profundiza. Los trabajadores, la clase social mayoritaria y que movemos el mundo, nos llevamos el 41,7% de la riqueza mientras que los empresarios se llevan el 49,2%. El 1% de la población que no trabaja y vive de la explotación tiene en sus cuentas lo que producen millones. Los 6 millonarios más grandes del país tienen una riqueza que duplica el presupuesto anual de salud y educación de la Provincia de Buenos Aires. Encima los favorecen: «dólar soja», subsidios a Edesur y Edenor, negocios para los bancos.

Poner en pie la organización de los trabajadores

Para encontrar una respuesta al reclamo de mayor seguridad en el transporte público, debemos desechar la idea de mayor disposición de fuerzas de seguridad, así como también los discursos reproducidos por los grandes medios de comunicación y los partidos tradicionales de que hay que resignarse y agachar la cabeza.

Es necesaria la implementación urgente de cabinas en el colectivo, pero también soluciones de fondo: el salario básico debe cubrir la canasta familiar, se debe terminar con el saqueo de nuestros recursos y la estafa de la deuda, así como también las organizaciones de trabajadores y vecinos deben encargarse de los planes de obras públicas y viviendas para que no haya nadie sin hogar.

La clave es discutir cómo acabar con la pobreza, la desocupación y los trabajos precarios que alcanza al 70% de los jóvenes que trabajan. Si se reduce la jornada laboral sin reducir el salario, se podrían generar nuevos puestos de trabajo con derechos. Si esa medida se aplica en las 12.000 empresas más grandes, se podrían crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo.

El Frente de Todos de Alberto, Cristina, Massa y Kicillof no llenó la heladera ni nos hizo «vivir mejor». Con sus medidas neoliberales le abrió el camino a la derecha. Juntos por el Cambio ya gobernó y nos hundió. Los poderosos le dan manija a Milei, que habla contra la casta política, pero es un empleado de los grandes empresarios que reivindica los planes económicos del menemismo y la dictadura.

Mientras que para ellos solo somos un número más, desde la banca del PTS del FITU en Moreno proponemos organizarnos en nuestros lugares de trabajo, estudio y barrios para fortalecer a la única fuerza política que quiere reorganizar el país desde abajo y al servicio de las mayorías trabajadoras.

*Concejala en Moreno por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad. Docente de escuela pública.

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