La iniciativa presentada ayer en la Legislatura, va en sintonía con la propuesta elaborada por la Defensoría, que el año pasado exhibió el primer relevamiento de datos de acoso en la Provincia.

El defensor del Pueblo adjunto calificó como “un importante avance” que se esté discutiendo este tipo de iniciativas tanto en el parlamento provincial, como en el Congreso de la Nación donde existe una propuesta de similares características. “Sería positivo encontrar un consenso generalizado que implique, por ejemplo, armonizar ambas propuestas y hacer más severas las sanciones ya que el proyecto nacional establece multas de entre 3000 y 15 mil pesos, mientras que la iniciativa bonaerense habla de un rango de entre 20 y 40 por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad de la Policía”, dijo Martello.

“En Francia se acaba de anunciar que comenzarán a aplicar multas por acosos en la vía pública que llegarán hasta los 750 euros, es decir, más de 19 mil pesos. El gobierno de ese país también busca conformar una policía de proximidad, un cuerpo de agentes de terreno que se encargaría de imponer estas multas a los infractores sorprendidos en flagrancia. En nuestro caso, deberían ser los agentes de la Policía local y de la Bonaerense los encargados de prevenir y actuar ante estos delitos, para lo cual necesariamente se deberá hacer una capacitación acorde”, explicó Martello.

El Defensor del Pueblo adjunto consideró que las penas deberían ser más graves cuando las víctimas son menores de edad, como así también cuando los involucrados son funcionarios públicos. En ese sentido, recordó que a fines del año 2016 en el Senado de la Provincia se decidió archivar “por caducidad” una iniciativa que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados, presentada por Liliana Denot, que establecía: “todo funcionario y/o empleado de la Provincia tiene prohibido ejercer, en el marco de su cargo, empleo o función y sobre otra persona las conductas que esta ley tipifica como acoso sexual”. Por ejemplo: cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado por la persona a quien va dirigido, requerimiento de favores sexuales, exhibición de imágenes, carteles o gráficos con contenido sexual explícito, y comentarios con connotaciones sexuales.

El responsable del Observatorio de Niñez y Adolescencia remarcó que existen otras normativas similares vinculadas al acaso callejero en Bélgica, Portugal y Perú, a lo que se le suma un proyecto que tiene media sanción en Chile. “En todos los países que están siguiendo este camino se plantea la necesidad de crear dispositivos institucionales para actuar con rapidez y eficiencia, dado la dificultad que implica un delito de este tipo en flagrancia”, explicó.

El informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense da cuenta que solo 3 de cada 100 mujeres, que reconocieron haber sufrido algún tipo de acoso callejero, decidieron denunciarlo. Asimismo, la investigación determinó que una parte importante de las víctimas de este accionar son niñas y adolescentes. Los números hablan por sí solos: el 21,13% tiene entre 13 y 18 años, mientras que el 8,01% son menores de 12 años. En tanto, el 28,33% tienen entre 19 y 29 años, y el 37% entre 30 y 49.

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