Esta es una noticia que no es del Coronavirus ni del dengue ni de la deuda, pero la considero trascendente para mejorar la calidad de la vida institucional de nuestro país.

Ayer el Consejo de la Magistratura Nacional desestimó las denuncias que desde hace tres años habían formulado los diputados del PRO, Waldo Wolff y Lucas Incicco y un juez de Santiago del Estero contra el Juez del Tribunal Oral Criminal de Capital Federal Dr. Juan Maria Ramos Padilla (padre) con motivo de la publicación de tweets y retweets de contenido político. La cuestión es así, al no existir una regla clara o precedentes que le impidan o faciliten a un juez expresarse públicamente sobre temas distintos a los que le toca resolver, la facultad de analizar si el mismo ha faltado al decoro en esas declaraciones queda diferida al análisis disciplinario de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Es decir que la garantía constitucional de la libertad de expresión se subordina al análisis que hacen los miembros de este organismo respecto a esa conducta.

La noticia es que el Plenario del Consejo de la Magistratura resolvió la desestimación de esas denuncias. Lo relevante es que el cuerpo privilegió la defensa de la libertad de expresión de un juez de la Nación por sobre cualquier norma disciplinaria. Es otro tiempo institucional.

Este precedente servirá para garantizar que hacia el futuro a ningún juez se lo podrá sancionar por vertir opiniones públicas que no se refieran a las cuestiones que le tocó resolver. El dictamen preparado por el Dr. Pablo Tonelli -y que fue desechado por amplia mayoría- proponía citar ante la Comisión de Disciplina del Consejo al Dr.R amos Padilla para que formule su descargo ante el cuerpo como paso previo a una eventual sanción posterior.

Ahora, cada vez que se analice la conducta de un magistrado en punto a sus expresiones públicas no relacionadas con las cuestiones que le tocó resolver, encontrará este precedente como garantía a su libertad de expresión.

(*) Abogado, ex diputado nacional