Imprimí una hoja de oficio que decía “Ni una menos”. La coloqué en un folio porque lloviznaba y me acerqué a la esquina de Tapia de Cruz y Colón. Había un clima de dolor, rabia, frustración. Llegaron más mujeres, y comenzamos a caminar. Ese día, 3 de junio de 2015, salimos a la calle en más de 80 ciudades del país. Quizás, ninguna de nosotras dimensionaba el significado de todo eso. Por Magali Gelhorn (*).

Las imágenes recorrieron los medios de todos los continentes. Fue la movilización autoconvocada más orgánica y masiva de la historia del movimiento de mujeres en el país.

La consigna se la tomamos prestada a Susana Chávez —poeta mexicana y activista—, asesinada en Ciudad Juárez en 2011 por denunciar la violencia contra las mujeres. Ella había escrito: “Ni una mujer menos, ni una muerta más”.

El disparador fue Chiara Páez: Una adolescente de 14 años, embarazada, asesinada por su novio, enterrada en el patio de su casa en Rufino, Santa Fe. Once años después, llegamos a este aniversario con Agostina Vega. Una adolescente de 14 años, desaparecida en Córdoba, hallada días después descuartizada en un predio de la periferia de la ciudad. Chiara y Agostina tenían la misma edad. Once años las separan. Un patrón las une.

Desde 2015, fueron asesinadas 3.424 mujeres y niñas en Argentina por razones de género (Observatorio Lucía Pérez / La Casa del Encuentro, 2026). El 60% fue asesinada en su propio hogar (Ahora que sí nos ven, 2024). El 56% fue asesinada por su pareja o expareja (UFEM, 2024). Entre las víctimas, 297 de ellas tenían entre 13 y 18 años; 918, entre 19 y 30 (Observatorio Lucía Pérez, 2026).

En el 2012, la respuesta política-criminal fue la Ley 26.791, que incorporó al Código Penal argentino la figura del femicidio, estableciendo que cuando un hombre mate a una mujer mediando violencia de género, la pena sería de prisión perpetua. El femicidio dejó de ser interpretado como un hecho aislado o “pasional” para ser reconocido como la expresión más brutal de un entramado de desigualdades históricas y de relaciones de poder basadas en el género. En la actualidad, el gobierno nacional anunció públicamente su batalla por la eliminación de la figura de la legislación penal. Una declaración de prioridades.

Sin embargo, depositar toda la responsabilidad en el Estado sería una coartada cómoda. Hay delitos que no se previenen con más leyes o cárceles. Se previenen con transformaciones que ninguna institución puede protagonizar sola: en las familias, en las escuelas, en los vínculos cotidianos, en las instituciones, en la forma en que los varones se relacionan entre sí y con el poder.

Ni una Menos inició contra el femicidio. Pero se convirtió en algo más profundo: una pregunta sobre qué sociedad estamos construyendo -o permitiendo-.

(*) Abogada Penalista. Profesora Universitaria (UBA)