La Municipalidad de Escobar apeló ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín el rechazo a la medida cautelar dictado por la Jueza, María Fernanda Bisio.

Es en relación a la presentación realizada por el municipio para solicitar que se suspenda la ampliación de la construcción de las centrales termoeléctricas APR Energy y Araucaria Energy, instaladas de manera irregular en terrenos de la localidad pilarense de Villa Rosa.

En un fallo de escueta argumentación, el rechazo de la medida de la magistrada permite que se continúe produciendo un fuerte impacto ambiental en la región, afectando a todos los vecinos y principalmente a la población de Matheu que vive en los alrededores de las termoeléctricas.

La doctora Bisio, jueza del cuerpo de magistrados suplentes y a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro, desestimó como prueba la causa penal por “Averiguación de delito”, en trámite ante el Juzgado Federal de Campana, en la que se denuncia el emplazamiento de las centrales en parcelas impropias para el uso elegido, sin habilitaciones ni certificaciones previas. Estos hechos habían dado curso a una investigación por posible contaminación ambiental y eventuales irregularidades en la tramitación para obtener el permiso de instalación, e incluso, en el marco de esta instrucción, también se allanaron la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Pilar, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA) y se citó a declaración indagatoria a funcionarios municipales y provinciales, y autoridades de los mencionados organismos públicos.

No obstante, Bisio justificó su decisión sosteniendo que del análisis de la documentación no surgía una ilegalidad manifiesta en el obrar de la Municipalidad de Pilar, puesto que la provincia de Buenos Aires había convalidado previamente las ordenanzas. Y luego, apoyándose en que el Estado nacional decretó oportunamente la emergencia eléctrica, afirmó que no podrían suspenderse las ordenanzas dado que se afectaría el interés público.

De esta manera, la decisión de la jueza no repara en las graves consecuencias que el funcionamiento de las centrales trae aparejado para los ciudadanos, desprotegiendo la salud de los vecinos de Escobar y de Pilar.