La diaria actualización sobre los efectos del COVID-19 readapta no solo las formas en la que debemos conducirnos en nuestras vidas sino también los protocolos a los que se someten estados, agencias y empresas en su desenvolvimiento ante la crisis. Por Gonzalo Fuentes (*).

Los procedimientos de emergencia que acompañan la aparición de la pandemia disparan un desafío no menor en las prácticas de contratación tanto del sector público como del privado. La presión por gastar con el objetivo de aliviar la crisis puede conllevar a la reducción de controles y ampliar la discrecionalidad en las decisiones de gasto, generando así oportunidades de acuerdos dudosos.

Ante el desconcierto existe una oportunidad de proponer precios exagerados que viabilicen posibles prebendas para los intervinientes. No son tiempos fáciles y la necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad puede generar un estado de confusión generalizado entre los responsables de negociar contratos y realizar compras.

La historia nos enseña que en situaciones de emergencia la suspensión de algunas normas tanto formales como también la flexibilización de algunas prácticas de contralor en la adquisición de bienes y servicios abren oportunidades a prácticas ilegales.

Un sector especialmente vulnerable en esta instancia es el ámbito de la salud. Diferentes estudios ya señalan la falta de transparencia que afecta a un sector por naturaleza complejo, que resulta campo fértil de cultivo para una corrupción que puede abarcar desde el fraude en la construcción de hospitales, la prescripción indebida de medicamentos, beneficios otorgados a personas que no califican y reventa privada de insumos de hospitales públicos, entre otras prácticas recurrentes.

A modo de ejemplo actual, tomó relevancia la devolución por el gobierno de España de una partida china de 58.000 test rápidos de detección de coronavirus tras advertir que no cumplen las especificaciones requeridas y no resultan fiables, un caso claro de falta de adecuación de los protocolos de control y compra. La noticia debería enfocarse, no en la devolución, sino en la adquisición indebida y defectuosa.

Es cierto que en tiempo de crisis es doblemente difícil implementar mecanismos correctos de compras y auditoría, pero concentrarse en ellos asegura transparencia y eficacia en la contratación  siendo aún más importante cuando se encuentran en riesgo vidas humanas. Mientras mejor gastemos, en definitiva, se salvarán más vidas.

Es oportuno indicar que mientras gran parte del esquema de administración del estado, y en especial el sistema de salud, se encuentran abocados a preservar la atención sanitaria y prepararse para lo que pareciere un esfuerzo sin precedentes en nuestra historia reciente, no siempre contarán con los recursos o preparación necesarios para asegurar la transparencia y las medidas de prevención de la corrupción. Los recursos humanos en la crisis se tornan más escasos y sobrecargados.

Desatender los mecanismos de contralor introduce un nuevo riesgo, el descrédito de la generalidad del sistema de salud y sus agentes, aquellos que llevarán la carga de la batalla. Esta puede ser la consecuencia del actuar de unos pocos inescrupulosos o al menos negligentes, así las medidas preventivas de los diferentes estamentos del estado son claves para evitar las situaciones de corrupción en la emergencia y su vez realizar un manejo correcto de riesgos ante posibles aprovechamientos de las circunstancias por sectores económicos.

En tiempos de emergencia el uso de la información sobre disponibilidad y precios de referencia resultan esenciales, en definitiva la inmensa mayoría de los productos que se van a necesitar son de producción estándar, en ello la posibilidad que nos otorga la tecnología de referenciar, centralizar y distribuir información de stocks, precios y disponibilidad geográfica resultan inconmensurables.

Todos los sectores involucrados en la provisión de servicios esenciales para la contención de la pandemia, y que posibilitan la continuidad de la vida comunitaria, deben prestar tareas con altos grados de integridad, en su caso se deberá prestar especial atención a establecer canales de denuncias de actos indebidos y su seguimiento.

La evaluación de riesgos de corrupción debe acompañar los procesos de evaluación de adquisición de bienes y servicios recurriendo a la formación de comisiones evaluadoras integradas por expertos con especial énfasis en compartir en tiempo real la información que se obtiene de la red de logística y aprovisionamiento.

Prestar especial atención a la transparencia y el cumplimiento de la ley en tiempos de crisis puede mejorar las oportunidades de que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar y se cumpla con los objetivos de atención sanitaria de la emergencia y posterior recuperación económica y desarrollo social.

(*) Abogado, director del Instituto de Justicia y Seguridad de la Asociación de Estudios Populares (ACEP).