A 30 años de un crimen impune, una especialista reclama que los detenidos dejen de alojarse en comisarías
La Dra. Magalí Gelhorn, exdirectora de la frustrada Alcaldía Departamental de Escobar y especialista en política penitenciaria, recordó el asesinato de su abuelo en Loma Verde para advertir que el distrito sigue padeciendo un problema estructural: personas privadas de la libertad alojadas en dependencias policiales que no fueron concebidas para ese fin.
La abogada especialista en política penitenciaria Magalí Gelhorn volvió a poner sobre la mesa un problema que afecta desde hace años al sistema de seguridad y justicia: el alojamiento de personas detenidas en comisarías, espacios que no fueron diseñados para esa función.
En una publicación en sus redes sociales, Gelhorn recordó el asesinato de su abuelo, Carlos, ocurrido hace tres décadas durante un robo en su vivienda de Loma Verde. El caso nunca fue esclarecido y, según relató, dos de los principales imputados llegaron a estar detenidos en una comisaría, pero escaparon debido a las deficientes condiciones de alojamiento.
“Las comisarías no son para alojar detenidos. No tienen ni la infraestructura ni el personal para dicha tarea”, sostuvo la letrada, quien vinculó aquel hecho con una problemática que, asegura, continúa vigente en Escobar.
Gelhorn remarcó que el distrito cuenta desde hace años con una Alcaldía Departamental cuya obra quedó inconclusa y permanece paralizada, pese a que fue concebida justamente para recibir a personas privadas de la libertad mientras atraviesan el proceso judicial. “Treinta años después, en Escobar seguimos deteniendo en comisarías”, expresó.
La abogada conoce de cerca esa realidad. Fue directora de la Alcaldía Departamental de Escobar, cargo al que renunció hace aproximadamente un año y medio al no concretarse la puesta en funcionamiento del establecimiento, una obra que llegó a estar cerca de su finalización, pero nunca fue inaugurada.
En su mensaje, Gelhorn aclaró que reclamar infraestructura penitenciaria no implica otorgar privilegios a los detenidos, sino garantizar un sistema más seguro y eficiente. “Procurar justicia implica contar con las instalaciones necesarias para tal fin. No es brindarles lujos ni comodidades a las personas que enfrentan el sistema penal. Es garantizarle a las víctimas y a la sociedad condiciones de seguridad”, afirmó.
Además, cuestionó que la respuesta frente a la inseguridad no puede limitarse a incrementar leyes o sumar efectivos policiales, sino que también debe contemplar inversiones en infraestructura para que cada institución cumpla el rol para el que fue creada.
“Comisarías para lo que corresponde. Alcaldías para lo que corresponde. Cárceles para lo que corresponde”, resumió en el tramo final de su publicación, donde insistió en que el Estado debe completar las obras pendientes y cumplir con su responsabilidad para evitar fugas, mejorar el funcionamiento del sistema penal y brindar mayores garantías tanto a las víctimas como a la sociedad.
