La Justicia somos todos
Las pandemias son situaciones excepcionales, que pueden llegar a alterar el normal funcionamiento de las instituciones vigentes en una sociedad. Por Ariel Orentlijerman (*).
Las decisiones las toman los gobiernos de cada país, pero al tratarse de situaciones excepcionales e imprevistas, deben tomarse sin demora so pena de graves riesgos en la salud de la población.
Ahora bien, la discusión es la permanencia en el tiempo de ciertas medidas restrictivas de los derechos y garantías reconocidas en una constitución.
En el caso de Argentina la cuarentena se dispuso aun cuando sólo había casos aislados y con carácter preventivo, con la intención de dar tiempo al sistema sanitario de tomar los recaudos necesarios para hacer frente a la pandemia.
En tal sentido se fueron dictando Decretos de Necesidad y Urgencia, dada la inactividad parlamentaria por tal motivo.
Pero lo que en un comienzo tenía el carácter de preventivo con la prolongación de la cuarentena progresivamente por el Poder Ejecutivo, empezó a trastocar este principio.
Y empezó a alarmar al Congreso que estaba sin funcionar, planteándose las discusiones si debía hacerlo con urgencia y de qué manera.
El Poder Judicial también se llamó a la cuarentena, disponiéndose la feria judicial por el mismo tiempo que el ejecutivo la dispusiera en el país.
Ahora bien, el Congreso empezó a funcionar, aunque no de forma normal, ante el llamamiento de los congresales en tal sentido.
Pero la justicia quedó paralizada por adherirse la Corte Suprema de Justicia a los decretos de necesidad y urgencia dictados por el ejecutivo.
Sólo se habilitaron algunos temas y turnos a criterio exclusivo del máximo tribunal.
Ahora bien, el Poder Judicial, es uno de los poderes fundamentales en un estado democrático republicano, que tiene por finalidad nada más y nada menos que hacer Justicia en el caso concreto.
La situación de emergencia producida por la pandemia del Covid 19, no ha dejado PARALIZADO, los derechos de los justiciables. La pandemia no ha congelado los derechos de los ciudadanos, sus reclamos legítimos ante la justicia, todavía se puede afirmar con que, con mayor razón, al encontrarse muchos de esos derechos vulnerados, es mayor la necesidad de PROTECCION que requieren los ciudadanos.
La administración del Poder Judicial ha cerrado sus puertas al ciudadano ilegítimamente. Ningún precepto constitucional ni de derecho internacional abala tal situación.
Bien se podrían haber agotado todos los esfuerzos, para poner el sistema judicial en funcionamiento, con toda la tecnología que está vigente para evitar los contagios.
Que no se quiera hacerlo es una cuestión que suena autoritaria y caprichosa y hasta ilegítima.
El Poder Judicial no es exclusivamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni los empleados administrativo , ni los magistrados de los distintos fueros.
Parece ser que los señores de la Corte se olvidaron de los que trabajadores profesionales que llevan el caso a los tribunales que sin su labor la justicia no podría existir. Son los trabajadores del derecho de la calle que acercan al tribunal los casos de la realidad, y los hacedores de jurisprudencia.
La Corte ha ignorado rotundamente a estos profesionales, los abogados litigantes, del PODER JUDICIAL, como si no existieran, si no fueran necesarios.
La decisión de la Corte de prorrogar la FERIAJUDICIAL cada vez que lo hace el Poder Ejecutivo, sin fundamentar tal situación, tratándose como se dijo de otro de los poderes fundamentales de la república, torna a sus decisiones en arbitrarias inconcebibles en el siglo XXI.
Los abogados NO HAN SIDO CONSULTADOS, acerca de la situación, no se los consultó para recabar su opinión, o para acercar propuestas que hagan viable el funcionamiento de la Justicia.
No puede ignorar la Corte que los abogados están nucleados en sus colegios profesionales y estos a su vez en la FACA a nivel nacional que nuclea a los colegios profesionales de abogados de todo el país.
No se le pidió opinión ni consenso, sólo se supo de la opinión del gremio de los trabajadores judiciales, y con eso fue suficiente, para disponer el cierre sin más de los tribunales, dado que decir que sólo se reciben medidas de carácter urgente, es superlativo, porque el carácter de urgente de los derechos de los justiciables tampoco es un tema que lo pueda decir el tribunal supremo por una Acordada, es tema que debe determinarse mediante una ley del congreso, que sería lo correcto en un estado de derecho.
Señores de la Corte deben ponerse del otro lado del mostrador, y analizar qué es lo que pasa desde otro sitio del derecho, donde no sólo hay expedientes de papel, sino que cada uno representa un derecho vulnerado para su titular que necesita un tratamiento urgente y expeditivo, donde también habitan esos raros personajes llamados abogados, que son los que les acercan el caso para su estudio y resolución, para los que la vocación de justicia la llevan no sólo en un carnet plastificado, sino en su corazón, que son personas de carne y hueso para quiénes sus honorarios legítimos tienen carácter alimentario porque hacen a su sustento y de sus familias.
Sres. de la Corte, la JUSTICIA no son sólo ustedes, la JUSTICIA SOMOS TODOS los ciudadanos que necesitamos que el Poder Judicial funcione con los recaudos necesarios, en estos tiempos, pero que funcione, efectivamente, por ser uno de los Poderes fundamentales en un ESTADO DE DERECHO.
(*) Abogado, ex juez de Faltas de Escobar.
