El brazo armado del Presidente existe: prácticas de tiro en redes sociales, funcionarios que promocionan armas, una polémica ley de blanqueo y el discurso oficial a favor de pertrechar a los «ciudadanos de bien».

Santiago Caputo se esconde detrás de una pared, pegado a una puerta. Está absolutamente concentrado, como si estuviera a punto de apostar su vida. Después de unos cinco segundos estático, gira a toda velocidad y atraviesa el marco. Ahí empieza a tirar. Uno, dos, tres. En total son seis los disparos, que parecen darle al blanco. Luego le llega una orden de atrás, en tono marcial. “Muévase”. El asesor estrella de Javier Milei corre como si acabara de desembarcar en Normandía, pone una rodilla en el suelo, cambia el cargador y espera otra indicación. “Vamos, tire, tire”. Caputo sigue lo indicado, y luego la imagen se funde a negro. Misión cumplida.

Sin embargo, el estratega libertario no está de verdad en un campo de batalla, la pared es apenas una media sombra atada a un bambú y los blancos son figuras de papel. Lo único real, se podría decir, es la pasión de Caputo por las armas, quizás una rémora de su fantasía juvenil de convertirse en espía. Esa pulsión ahora la pone en práctica cada vez que va a ese salón en el corazón de San Telmo, donde él (y otros popes del espacio como Daniel “El Gordo Dan” Parisini y el abogado personal de Milei, Francisco Oneto) practican tiro en la academia del ex granadero Sebastián Flores.

Sin embargo, quizá más llamativo que las imágenes de los hombres del Presidente con un arma en la mano sea el metamensaje. Es que la difusión de estos videos, en especial el de Caputo, al que le gusta cultivar su perfil de monje negro, es una señal de por sí. Atrás de los reels para las redes jugando a los soldados, atrás del árbol, aparece un bosque. Y ahí hay un gobierno que no sólo desde lo estético y lo discursivo coquetea con acercar armas a la población, sino que hace mucho más que eso. Incluyendo la media sanción de una ley polémica que pasó casi desapercibida, igual que un arma que podría ser revolucionaria, que compró el Estado nacional y varias provincias, que cuenta con la activa publicidad de miembros del Gobierno, está quedando afuera de cualquier tipo de reglamentación y algunos la consideran polémica (ver recuadro). Hay show pero también negocios entre los pistoleros de Milei.

Preparen, apunten. “Definitivamente, estoy a favor de la libre portación de armas. Aquellos estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos que donde vos tenés obligados a los honestos a estar indefensos”. Esto dijo Milei en varias oportunidades, incluso cuando ya era diputado y candidato a Presidente, a pesar de que la evidencia demuestra que la violencia aumenta cuando se introducen más armas en una población. Su compañera de fórmula pensaba algo muy similar. “Esto no es el viejo oeste, nosotros lo que queremos es que el ciudadano de bien se pueda defender. Yo tengo la credencial de legítima usuaria. Soy tenedora. Si un ciudadano cumple con los requisitos el Estado debería otorgarle la tenencia”, dijo Victoria Villaruel, que reveló tener armas en su posesión (según publicó luego C5N, serían una Sig Sauer calibre 9mm y una semiautomática Heckler & Koch calibre 45).

Hay que aclarar que esta postura no es para nada original. Murray Rothbard, el fundador del anarcocapitalismo, había defendido la tesis de la libre portación de armas ya desde el siglo pasado. “Al igual que las drogas, el juego y la pornografía, las armas también deberían ser legales”, escribió el prócer de Milei. Entre los postulados de Rothbard y el hecho de que para la “alt right” estadounidense que comanda Donald Trump el derecho a portar armas es sagrado -reglamentado en la famosa Segunda Enmienda-, era de esperar que Milei defendiera lo mismo. Incluso que incluyera en su plataforma de campaña del año pasado una versión más moderada de estas ideas. Dice el artículo 17 de ese texto de La Libertad Avanza, casi idéntico al que habían presentado en el 2021: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”. Ricardo Bussi, candidato de Milei en Tucumán, directamente hizo un spot con el tema. “Sí a la portación legal y libre de armas”, decía en el clip, con cuyas imágenes luego hizo empapelar las calles de su provincia. Rodolfo Eiben, aliado de Milei en Córdoba, también propuso lo mismo en las elecciones provinciales. Y esto fue sólo en el 2023: dos años antes, el día en que Milei se convirtió en diputado, en un confuso episodio uno de sus custodios casi saca un arma desde el escenario del Luna Park.

Estas ideas entraron ahora en un estadio nuevo. Caputo, Parisini y Oneto comenzaron a mostrarse en sus clases de disparo, lo que además habilita la pregunta de quién más del Gobierno estará entrenando bajo las órdenes de Flores pero, a diferencia de sus compañeros, prefiere no mostrarlo. Y no fueron los únicos. Los diputados José Luis Espert, Lilia Lemoine y María Celeste Ponce, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, el legislador bonaerense Juan Esper y la vicepresidenta Victoria Villarruel posaron con armas, la mayoría de ellos en un evento de Bersa, la única empresa privada que produce armas en el país y que cuenta hasta con un spot hecho por una diputada libertaria.

Fuego. “El derecho a armarse debería ser un derecho natural, aunque hoy tiene quizás mala fama”. Esas palabras fueron pronunciadas el 1 de octubre en la Cámara de Diputados, por la libertaria Alida Ferreyra, famosa por la visita al represor Alfredo Astiz. Aquel día un proyecto impulsado por Patricia Bullrich para regular la tenencia de armas tuvo media sanción, con 142 votos a favor. “Las personas que tuvieren armas de fuego de ‘uso civil’ que carezcan de registración o que teniéndola hubiere devenido en irregular, deberán presentarse dentro de los 360 dias de la entrada en vigencia de la presente ante la Agenda Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), con el fin de obtener la autorizacion pertinente”, dice, en lo que el oficialismo tradujo como apuntado a aquellos que hayan heredado un arma de algún familiar. De acuerdo a este proyecto que ya fue girado al Senado, cualquier persona que presente un arma en ese lapso será regularizado por el Estado, salvo que aquella arma o aquella persona registren un antecedente penal. Pero si eso no sucede, el Estado “blanqueará” dicho objeto, sin importar su procedencia.

Esta medida, que pasó desapercibida en medio de un año intenso, despertó polémica. El diputado del peronismo y ex director del Registro Nacional de Armas (Renar), Matías Molle, opuso reparos en esa misma sesión, apuntando a un aspecto que considera crucial: para ser legítimo usuario hay que someterse a un estricto control y sólo después de aprobado se puede acceder a un arma, pero con esta ley el camino sería el opuesto, primero se presenta el arma, se regulariza y luego viene el chequeo. “Con esto permitimos que personas que no sabemos en qué condiciones psíquicas están puedan tener un arma, puede ser alguien que termine a los tiros en la calle”, dijo Molle, que se muestra preocupado por el lapso de 360 días disponible para hacer el trámite de legítimo usuario una vez presentada el arma ilegal.

La ex titular de la ANMAC, Natasa Loizou, también coincidió. “Es un proyecto tramposo, le dieron un giro a la tenencia ilegal y no para promover el desarme. Es decir, antes tenías la amnistía penal porque entregabas el arma y no porque tenías un arma. Hay actores en el sector que están interesados en la desincentivación del desarme para que puedan acceder a las armas no registradas”, dijo en diálogo con Perfil.com. Y no sólo desde la oposición llegaron las críticas. Gabriel González Da Silva, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos Relacionados con Armas de Fuego, también apuntó en ese sentido. “Se trata de una suerte de blanqueo y técnicamente de una amnistía penal a quienes hoy están incursos en la tenencia ilegal de armas. No sólo se les ‘borrará el delito’, sino que insólitamente se les permitirá ajustar a derecho sus armas ilegales y conservarlas para hacer lo que quieran”, escribió el fiscal, y además apuntó a que el problema de fondo es que Argentina no tiene tipificado penalmente el delito de tráfico de armas. Organizaciones civiles como la Red Argentina Contra el Desarme y la CORREPI también manifestaron su preocupación.

No es lo único llamativo que hizo el Gobierno en el mundo de las armas. En febrero, la ANMAC que preside el bullrichista Juan Pablo Allan -famoso por su participación en el llamado episodio de “la Gestapo” del macrismo- derogó el “proceso de oposición ciudadana”. Esa reglamentación establecía que por un plazo de 15 días en la web de la ANMAC y en el Boletín Oficial durante un día debían publicarse el nombre, DNI y el tipo de arma de los que solicitasen una tenencia o portación, con la idea de que si hubiera una posible víctima de violencia de género o intrafamiliarse  pudiera detectar el caso a tiempo.

Pero eso ya no existe. Y acá aparece otra duda más: como los funcionarios, diputados, senadores y legisladores provinciales están autorizados a tener portación (es decir a andar con armas cargadas en la calle), hay una pregunta que se impone. ¿Al “brazo armado” del Gobierno se le estarán dando portaciones? Es imposible saberlo, también por otro efecto mariposa: ya no se puede averiguar esto -ni muchos otros temas- a través de un pedido de acceso a la información pública.

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