La Coalición Cívica de Escobar se desmarca del concejal Goroyesky y pide su licencia
En un duro comunicado firmado por las máximas autoridades locales de la Coalición Cívica ARI, el partido expresó su profunda preocupación por las denuncias que involucran al concejal Leandro Goroyesky, y solicitó que se le otorgue una licencia a su cargo mientras se esclarece su situación judicial y mediática.
Reacción política en la oposición cuestionando al concejal Leandro Goroyesky, tesorero de San Lorenzo pero, en el pago chico, concejal del PRO, autor del proyecto para la instalación de un bingo en Ingeniero Maschwitz.
La reacción del espacio político se produjo luego de que en el programa televisivo «¿Y mañana qué?», conducido por la periodista Luciana Geuna en el canal «Todo Noticias», se expusieran presuntas maniobras fraudulentas que implicarían al edil. Entre las acusaciones mencionadas en el informe, se señala que Goroyesky habría utilizado su posición como tesorero del club San Lorenzo para llevar adelante acciones irregulares, así como su influencia en el Concejo Deliberante de Escobar para facilitar la llegada de una casa de apuestas al distrito, presuntamente vinculada a figuras como Cristian Ritondo y Daniel Angelici.
“Estos hechos afectan de manera negativa la percepción pública de su capacidad para continuar ejerciendo con plena legitimidad y confianza el rol de concejal”, sostiene el comunicado, que lleva las firmas de Adrián César Lobato, presidente de la Coalición Cívica ARI Escobar, y de la vicepresidenta Jennifer Huggard Caine.
El texto también destaca que las instituciones políticas deben operar con rectitud y transparencia, y que frente a acusaciones graves es imprescindible tomar distancia del cargo para resguardar tanto la defensa del implicado como la institucionalidad del cuerpo legislativo local.
Por ello, la dirigencia de la Coalición solicitó que se le otorgue a Goroyesky una licencia “mientras se resuelve la situación por la que está siendo investigado”, con el objetivo de evitar que las responsabilidades actuales interfieran con su derecho a defensa.
Finalmente, el comunicado cierra con una apelación a los valores de “responsabilidad y ética pública” que, aseguran, deben regir en el ejercicio del poder político.
